Las observaciones del Poder Ejecutivo responden a una legítima y profunda preocupación humanitaria, social, terapéutica, académica e intelectual ya que, si bien el nuevo Código Penal establece en el artículo 22 el estado de necesidad como causa eximente de responsabilidad penal, el mismo carece de precisión para determinar los casos concretos en los cuales no deben ser objeto de sanción, particularmente cuando se trate de realizar un aborto necesario por ser terapéutico.