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Procuraduría de Medio Ambiente ejecuta sentencia contra empresa

Procuraduría de Medio Ambiente ejecuta sentencia contra empresa Fuente externa.

El proceso se originó con una querella con constitución en parte civil interpuesta por la Confederación Nacional de Mujeres del Campo, Inc., (CONAMUCA), Fundación Unidos por la Vida, Fundación Pro-desarrollo Forestal y "Plan Mucha Agua Inc.".

La Procuraduría para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales informó que ejecutó una sentencia que impuso una multa de mil salarios mínimos por extracción ilegal de agregados de la corteza terrestre a la empresa  Agregados Consolidados, S.A., y a su representante legal Miguel Nadal González.

El magistrado Andrés Chalas Velázquez, quien dirige ese organismo, dijo que la condena establece el pago de una multa de mil salarios mínimos, ascendente a la suma de RD$3 millones 514 mil pesos, por el hecho de extraer materiales de la corteza terrestre (arena, grava y piedras) de las márgenes del Rio Nizao, Municipio de San Cristóbal, así como los usos indebidos e indiscriminados de la extracción  y excavación  de agregados, debajo del contra embalse de la presa de Valdesia, sin los permisos  o concesiones requeridos.

Indicó que la empresa y su representante resultaron condenados por violación de los artículos 64, 83, 86, 87, 89, 91, 124,125, 127, 129, 131, 138, 162, 164 de la Ley 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales, y los artículos 2, 3, 4, 5 y 6 del Reglamento 1315 de aplicación de la Ley núm. 123-71, en perjuicio de la Comunidad de Nizao, provincia de San Cristóbal y el Estado Dominicano.

La referida sentencia acogió la constitución en parte civil y condenó también a Agregados Consolidados, S.A., y Miguel Nadal González, al pago de una indemnización de RD$5 millones de pesos a favor y provecho de la comunidad de Nizao monto fijado como justa indemnización para la reparación de los daños  ecológicos y ambientales causados a esa comunidad. El aspecto civil de la sentencia se encuentra en proceso de ejecución.

El seguimiento del caso estuvo a cargo de la Procuradora General de Medio Ambiente del Departamento Judicial de San Cristóbal, a cargo de la doctora Francia Calderón Collado, y en la fase de  ejecución de la sentencia llevada por ante el Tribunal de Ejecución de la Pena del Departamento Judicial del Distrito Nacional, trabajaron conjuntamente el titular de la Procuraduría para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, magistrado Chalas Velázquez, y el procurador general de Medio Ambiente del Distrito Nacional, licenciado José Espinal Beato.

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