Movimiento infanto juvenil rechaza anteproyecto de ley para modificar Código del Menor

Lamentamos que el Congreso de la República, en específico la Cámara de Diputados haya aprobado, el pasado 19 de septiembre,  un anteproyecto que prevé aumentar a diez años las penas privativas de libertad de los adolescentes que infrinjan la ley, cuando estén entre los 13 y 15 años, y hasta 15 años de prisión para los adolescentes de 16 y 17 años.

Afirmamos que este es un nuevo intento de violar los derechos de la infancia, porque la privación de la libertad atenta contra el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes y no resuelve el problema de la violencia social en el país. Pensamos que es una respuesta fácil la que están dando los legisladores, a un problema que es más complejo, porque implica un compromiso real de toda la sociedad con la niñez, para que todos tengamos buenas oportunidades y seamos protegidos, porque una niñez protegida, es una niñez con menos riesgo de ver y practicar la violencia.

Consideramos también que con este anteproyecto de Ley, los diputados van en contra de los principios generales de protección de la niñez recogidos en la Convención de los Derechos de la Niñez, cuyo artículo 37, dice que la privación de libertad debe considerarse como el último recurso en los casos de menores de edad en conflicto con las leyes y durante el período más breve que se pueda.

El aumento de las penas no contribuye a disminuir la delincuencia y podemos citar los casos de varios países, como México y Colombia, donde los niveles de violencia siguen siendo altos, a pesar de que ya aumentaron las penas de prisión contra los niños, niñas y adolescentes.  En México, la Ley plantea hasta diez años de prisión y en Colombia hasta ocho años, aunque en ambos países sólo se aplica a los adolescentes mayores de 14 años.

Es importante dejar claro que en el año 2003, bajo los mismos argumentos que se emiten hoy para la modificación de la Ley 136-03, se modificó la Ley No. 14-94 que establecía una sanción máxima de privación de libertad de 2 años para los adolescentes que infringen la ley penal, y se llevó a 5 años. Con la actual modificación pretenden aumentar la pena máxima a 15 años, y estimamos que en un futuro querrán llevarlo a 30 años y por último podrían pensar en imponer la pena de muerte para los adolescentes.

Causa pesar ver como nuestros legisladores niegan el derecho a los niños, niñas y adolescentes a una educación de calidad, al no aprobar lo que dicta la ley para la inversión pública en educación, mientras apoyan una iniciativa que atenta contra los derechos fundamentales de la niñez y la adolescencia.

Los interesados en modificar la Ley están de acuerdo, y así lo expresan en el anteproyecto, en que la delincuencia es el resultado de diversos factores de riesgo y de la falta de respuesta social para los niños, niños y adolescentes, pero siguen pensando en el castigo, en lugar de pensar en la prevención. Entonces, nuestra pregunta es, señores Diputados, ¿si ustedes conocen las causas del problema, por qué no legislan para mejorar el sistema, en lugar de castigar a los niños, niños y adolescentes?

Queremos dejar claro, que nosotros no estamos de acuerdo ni apoyamos el hecho de que los adolescentes infrinjan las leyes, sino que apelamos a que se tome en cuenta que la adolescencia es una etapa donde el individuo transita entre la infancia y la adultez, y por tanto, es vulnerable a ser manipulado por los adultos que los incitan a cometer delitos. Una evidencia de que la mayoría de los casos de violación de la Ley realmente no son cometidos por los adolescentes es que, según el Informe de la Situación Penitenciaria en la República Dominicana, de 22,330 personas que actualmente se encuentran privadas de su libertad por cometer crímenes graves, sólo 517 son adolescentes, lo que representa un 2%, mientras los adultos son un 98% de los presos en el país.

Reconocemos que hay un problema social que nos afecta como población, pero entendemos que la solución no se obtiene con el aumento de las penas, sino con la búsqueda de nuevas alternativas que ataquen el problema de raíz, previniendo las conductas violentas, a través de un modelo educativo eficiente y eficaz, que radique en la formación en valores, el respeto al orden público, la paz social y las buenas costumbres, entre otras.

Además, entendemos, que cuando el modelo preventivo no ha sido bien aplicado, bien asumido o sencillamente no ha sido ejecutado, debemos recurrir a una estrategia básica de reeducación, reformación, rehabilitación y reinserción, las cuales no tienen necesariamente que implementarse en un centro carcelario, ni bajo métodos de tortura, crueles castigos y/o malos tratos.

Para evitar que los niños, niñas, adolescentes y jóvenes incurran en violaciones de la Ley y que por el contrario tengan mayores oportunidades para desarrollarse con sus derechos reconocidos, les planteamos, entre otras medidas, las siguientes:

a)     Que funcionen los sistemas locales de protección en cada municipio del país, incluyendo a profesionales en el área de la psicología, trabajadores sociales y maestros, en coordinación con CONANI.

b)    Que el Ministerio de Educación implemente programas para trabajar con niños, niñas y adolescentes que presenten problemas de conducta, en lugar de  que sean expulsados de los colegios y escuelas.

c)     Que el Ministerio de Educación cree programas de reinserción escolar para adolescentes que estén fuera del sistema educativo.

d)    Que el CONANI cree programas de reintegración familiar para los niños, niñas y adolescentes que estén en las calles.

e)    Que el Estado garantice un sistema educativo de mayor calidad, con una inversión mínima de un 4% del PIB, y que también incluya programas de reeducación para los adolescentes en conflicto con la ley.

f)      Que el Estado también garantice políticas de empleo justas que permitan a los padres y madres tener recursos suficientes para la crianza de sus hijos y dedicarles el tiempo suficiente.

g)     Que los medios de comunicación implementen campañas que inviten a los jóvenes a vivir una vida más sana y a toda la sociedad a promover una cultura de paz.

h)    Invitamos a que toda la sociedad se comprometa a cumplir con la Ley 136-03 y a que el Estado invierta más en la protección de la niñez.

i)      Invitamos al sector empresarial a invertir en proyectos y programas que vayan a favor de los adolescentes, aún antes de que se encuentren en riesgo, como programas de becas e inversión en organizaciones que trabajen a favor de la niñez y la adolescencia.

26 de septiembre, 2012

Santo Domingo, República Dominicana

Perfiles de voceros del Movimiento Nacional Infanto Juvenil Protagonistas

Paola Michell Hernández Morillo, 15 años, Presidenta del Movimiento Nacional Infanto Juvenil Protagonistas. Bachiller técnico en Contabilidad. Residente en Villa Altagracia.

Markiel Guillermo, 20 años, coordinador de la Red de Jóvenes Adolescentes Defensores de sus Derechos (JADD), del Movimiento Nacional Infanto Juvenil Protagonistas. Estudiante de psicología clínica en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). Residente en Santo Domingo Norte.

Daniela Patricia Perdomo del Orbe, 15 años, integrante del Movimiento Nacional Infanto Juvenil Protagonistas y ex alcaldesa juvenil de Villa Altagracia. Estudiante de tercero de Bachillerato Técnico en Turismo. Residente en Villa Altagracia.

Rubén Darío Soliver, 17 años. Encargado de Organización del Movimiento Nacional Infanto Juvenil Protagonistas. Estudiante de tercero de Bachillerato Técnico en Contabilidad y Finanzas. Residente en El Seybo.