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Capacitan más de 200 fiscales electorales en Derecho Penal Electoral a nivel nacional

Además de Román Andrés Jáquez Liranzo, la mesa estuvo compuesta por el rector interino del Iespec, Felipe Carvajal; la rectora del IES-ENMP, Marien Montero Beard; la procuradora fiscal titular del DN, Rosalba Ramos; y el procurador especializado contra Delitos Electorales, Iván Feliz Vargas. Además de Román Andrés Jáquez Liranzo, la mesa estuvo compuesta por el rector interino del Iespec, Felipe Carvajal; la rectora del IES-ENMP, Marien Montero Beard; la procuradora fiscal titular del DN, Rosalba Ramos; y el procurador especializado contra Delitos Electorales, Iván Feliz Vargas.

El Instituto Especializado Superior en Formación Política Electoral y del Estado Civil (Iespec) y la Escuela Nacional del Ministerio Público (IES-ENMP) dieron apertura al curso especializado en Derecho Penal Electoral dirigido a más de 200 fiscales a nivel nacional.

El curso consta de dos módulos presenciales y será ofrecido por docentes capacitados en el área. Esta jornada educativa se desarrollará simultáneamente en el Distrito Nacional, Santiago de los Caballeros, San Francisco de Macorís, La Vega, Santiago Rodríguez, La Romana, Azua y Barahona. 

La mesa de honor estuvo encabezada por el presidente de la JCE y presidente de la Junta Regente del Iespec, Román Andrés Jáquez Liranzo; quien manifestó que este era un escenario histórico donde se le estaba dando la importancia a la investigación y persecución de los crímenes y delitos electorales y precisó que "la idea de este curso es que los participantes aprendan de los docentes y a la vez los docentes de ellos".  

Jáquez Liranzo agregó que el evento se está conectando de manera simultánea con más de 200 fiscales, los cuales se están capacitando y reflexionando sobre lo penal electoral. 

De su lado, el rector interino del Iespec, Felipe Carvajal, manifestó que este es el resultado concreto del acuerdo de cooperación interinstitucional firmado entre el IES-ENMP y el IESPEC, derivado de la necesidad de enfrentar el flagelo de los delitos electorales y en función del apego de la JCE al principio de legalidad, contemplado en el artículo 330 de la Ley 20-23.

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