El acuerdo establece participar de manera conjunta en las mesas de seguridad de las gobernaciones provinciales, así como en las que puedan llevarse a cabo a nivel municipal y diseñar campañas para promover políticas migratorias de la DGM y para prevenir que los diferentes sectores que hacen vida en los municipios empleen inmigrantes irregulares.

Así mismo, recomendar operativos de interdicción en las secciones, parajes, barrios, sub-barrios de sus municipios y/o distritos municipales, además de establecer canales de comunicación con los alcaldes, directores de distritos y alcaldes pedáneos, a fin de que estos hagan requerimientos para que la DGM realice operativos de interdicción en sus jurisdicciones.

Al mismo tiempo, inspeccionar de manera conjunta los espacios públicos municipales a fin de prevenir su uso por parte de inmigrantes irregulares, identificar los lugares donde se encuentren los principales asentamientos y señalar rutas, medios de transporte y zonas prioritarias utilizadas por los traficantes de personas para su intervención.

También, coordinar junto con Conani, la atención a los menores de edad huérfanos y/o abandonados en situación de inmigración irregular que anden deambulando por las calles de sus jurisdicciones y definir procedimientos para recepción, verificación y traslado de personas en situación migratoria irregular que deseen retornar voluntariamente a su país. Ademas, reunirse de forma ordinaria, mínimo dos veces al mes con los representantes de la DGM que correspondan a sus jurisdicciones. 

En tanto que los Gobiernos locales, como los ayuntamientos, deberán identificar y reportar zonas de alta concentración de migración irregular y fiscalizar la venta de terrenos aledaños a la franja fronteriza. Así imismo, impedir la construcción de viviendas y el desarrollo de asentamientos donde puedan ubicarse inmigrantes irregulares y prevenir que sean empleados inmigrantes irregulares en sus oficinas y en los espacios de dominio municipal.

Del mismo modo, impedir que les sean alquilados espacios públicos de dominio municipal a inmigrantes irregulares; apoyar con logística (personal municipal, transporte, oficina, si es necesario), así como facilitar acceso a infraestructura básica para operativos (agua, electricidad, baños temporales) y participar en campañas informativas sobre la migración regular.

Por su parte, las gobernaciones servirán de puente entre la DGM y otros actores gubernamentales a nivel provincial, al tiempo que deberán apoyar la mediación con comunidades que puedan oponerse a operativos y canalizar denuncias comunitarias sobre casos sospechosos de tráfico o trata de personas.