Comisión Ambiental UASD respalda freno al proyecto Romero y llama a reforma de modelo minero
- Escrito por Augusto Valdivia
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Elevaciones en Romero, San Juan de la Maguana, donde la empresa Goldquest pretende explotar los recursos de oro en el subsuelo.
La Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (CAUASD) manifestó su respaldo a la reciente decisión del presidente Luis Abinader de detener de forma inmediata toda actividad vinculada al proyecto minero Romero en la provincia de San Juan. Calificando la medida como un paso correcto que reconoce la fuerza jurídica y democrática de la "licencia social", entendida como la aceptación legítima de las comunidades frente a proyectos de alto impacto territorial, como lo contempla la Ley 64-00 de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
A través de un documento oficial enviado a Municipio al Día con fecha del 4 de mayo de 2026, la CAUASD señaló que esta decisión ratifica la postura técnica y social que diversos sectores han defendido durante años: la inviabilidad de la minería en zonas de alta fragilidad hídrica y estratégica importancia agrícola.
Según dicha Comisión, el rechazo masivo en San Juan demuestra que no puede existir una actividad extractiva sostenible donde se ponga en riesgo el agua y la seguridad alimentaria de las regiones que sostienen la vida y la producción nacional.
La entidad académica extendió una felicitación tanto a la decisión del Presidente de la República y otra especial a las comunidades campesinas, juntas de regantes, iglesias y organizaciones sociales del suroeste por mantener una lucha cívica y disciplinada. Sin embargo, advirtieron que esta victoria ciudadana no debe interpretarse como el cierre del conflicto, sino como el inicio de una revisión integral de todas las concesiones y solicitudes mineras actuales.
Igualmente consideró indispensable que el Estado dominicano revise el modelo actual de otorgamiento de derechos mineros, especialmente cuando estos se superponen con cuencas hidrográficas y asentamientos humanos.
La academia enfatizó que, antes de cualquier estudio de impacto ambiental individual, el país está obligado a realizar Evaluaciones Ambientales Estratégicas, tal como lo ordenan las leyes de Medio Ambiente y de Ordenamiento Territorial vigentes.
Finalmente, la CAUASD urgió al Congreso Nacional y al Poder Ejecutivo a impulsar una nueva Ley Minera que sea moderna, preventiva y coherente con el interés nacional. Según el organismo universitario, la legislación actual responde a una visión superada que otorga privilegios a la minería por encima de desafíos críticos como el cambio climático y el estrés hídrico. Por ello, llamaron a un gran diálogo nacional para garantizar que ninguna política extractiva se imponga sobre la voluntad soberana de los pueblos y la protección del patrimonio natural.
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