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JCE advierte reducción al financiamiento de partidos afectaría democracia y equidad electoral

Junta Central Electoral. Junta Central Electoral.

La Junta Central Electoral advirtió que una nueva reducción al financiamiento público de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos podría afectar la estabilidad del sistema democrático, la equidad electoral y la seguridad jurídica en República Dominicana.

A través de un comunicado, el órgano electoral expresó su preocupación ante la intención de las autoridades responsables del Presupuesto General del Estado de disminuir nuevamente los recursos destinados a las organizaciones políticas durante el año 2026.

La JCE recordó que el artículo 224 de la Ley núm. 20-23, Orgánica del Régimen Electoral, establece que en años no electorales el Estado debe otorgar a los partidos una contribución equivalente al 0.25 % de los ingresos nacionales. Sin embargo, señaló que la Ley núm. 99-25 de Presupuesto General del Estado para el ejercicio fiscal 2026 consignó únicamente un 0.12 %, cifra que representa menos de la mitad de lo dispuesto por la legislación vigente.

El organismo explicó que una nueva disminución presupuestaria impactaría la planificación financiera, operativa, educativa y logística de las organizaciones políticas, así como el cumplimiento de compromisos asumidos sobre la base de la ley promulgada en 2025 y de la Resolución núm. 01-2026 emitida por la propia JCE.

Así mismo, sostuvo que el sistema de partidos constituye un componente esencial del sistema político-electoral y que cualquier alteración en el financiamiento podría afectar principios fundamentales como la certidumbre, la legalidad, la integridad electoral y la igualdad en la competencia política. La entidad recordó además que la Constitución dominicana, en sus artículos 211 y 212, le otorga la responsabilidad de garantizar la libertad, transparencia, objetividad y equidad de los procesos electorales, incluyendo la supervisión del financiamiento político.

Finalmente, la Junta Central Electoral hizo un llamado a las autoridades competentes para que actúen conforme al marco constitucional y legal vigente, preservando la estabilidad del sistema de partidos y garantizando una competencia electoral “sana y justa” en el país.

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