Denuncian Gobierno busca privatizar educación pública a través del decreto 309-26
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Los educadores expresaron temor, ya que indican que sectores empresariales y organismos internacionales intentan convertir el sistema educativo en un modelo subordinado a intereses privados.
La Asociación Dominicana de Profesores (ADP), la Federación de Asociaciones de Profesores de la UASD (FAPROUASD) y el Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (ODPP-UASD), manifestaron su rechazo al decreto 309-26 emitido por el presidente Luis Abinader, al considerar que mantiene intacta la intención del Gobierno de avanzar hacia una transformación del sistema educativo dominicano sin una discusión científica, democrática y vinculada a la realidad nacional y que además busca privatizar la educación pública.
Durante el programa La Voz del CEN, transmitido por La Voz Docente Media, FAPROUASD y el Observatorio, advirtieron que el proceso impulsado por el Gobierno carece de planificación seria y pretende imponerse de manera acelerada y excluyente.
El presidente de FAPROUASD, Pastor de la Rosa, afirmó que una verdadera reforma educativa no puede improvisarse “en 45 días” ni desarrollarse sin estudios diagnósticos, sin participación amplia y sin respeto a las instituciones académicas del país.
“Cuando se quiere dañar algo primero se desacredita. Eso hicieron con otras instituciones públicas y ahora intentan hacerlo con la educación dominicana. No es verdad que el sistema educativo está tan mal que haya que improvisar una transformación a toda prisa”, manifestó De la Rosa.
Asimismo, el secretario general de FAPROUASD, Apolinar Méndez, aseguró que el gremio universitario no se opone a los cambios, pero sí rechaza la improvisación y la ausencia de participación democrática. “Nosotros creemos en la transformación educativa, pero respetando los procesos, respetando las especialidades y garantizando una discusión verdaderamente inclusiva y participativa”, expresó.
De su lado, el coordinador del Observatorio de Políticas Públicas, Fernando Peña, calificó el decreto como parte de una estrategia regional orientada a profundizar la privatización de la educación pública y reducir el papel del Estado en la garantía del derecho a la enseñanza.
Peña consideró preocupante que el Gobierno impulse una reforma educativa sin haber realizado previamente una evaluación integral del Pacto Educativo ni de las políticas implementadas en los últimos años.
“El problema de la educación dominicana no puede decidirse mediante decretos ni comisiones burocráticas. La educación es un derecho, no una mercancía”, afirmó.
Los educadores expresaron su temor, ya que indican que sectores empresariales y organismos internacionales intentan convertir el sistema educativo dominicano en un modelo subordinado a intereses privados y al mercado laboral, debilitando la educación pública y afectando especialmente a la UASD y al magisterio nacional.
Privatización educación
Recientemente Menegildo De La Rosa, secretario de Comunicación y Relaciones Públicas de la ADP, denunció que el nuevo decreto “demuestra la desesperación y el compromiso que tiene el presidente con la agenda internacional y con sectores empresariales interesados en entregarle el sistema educativo dominicano al capital privado”.
“La educación dominicana no se resolverá importando modelos extranjeros ni programas enlatados. Lo que corresponde es producir, junto a los científicos de la educación dominicana, políticas y programas que respondan a las necesidades reales del desarrollo nacional y de nuestro pueblo”, apuntó De La Rosa.
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