¡El Asociativismo Municipal También Quiere su Pacto! (18/40)

Congresos y elecciones en el asociativismo municipal dominicano

Por  Isaac Terrero y Julio Alejo

"Análisis y Perspectivas"

Los actuales momentos en que vive la República Dominicana, caracterizados por una inmersión del Estado dominicano en procesos de planificación orientados al desarrollo sostenible, motivado por la Ley No. 1-12 que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo 2010-2030 (END 2030), hay un tema que se ha hecho trending topic (tendencia) en el ambiente social y político, se trata de la firma de pactos del Poder Ejecutivo con los más importantes sectores de la vida nacional para viabilizar el logro de la visión país al año 2030. Como era de esperarse el asociativismo municipal también quiere su pacto.

La Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU) justifica muy bien la firma de un pacto entre el Poder Ejecutivo y las entidades asociativas de la municipalidad estableciendo las precariedades con que son gestionados los gobiernos locales, alegando su propia falta, indicando que los recursos con que cuentan las administraciones locales son insuficientes para enfrentar los desafíos planteados por la END 2030, y en cierta medida tienen razón.

Ahora bien, el máximo instrumento de planificación del Estado dominicano establece tres pactos específicos. Pacto Educativo, que ya fue firmado, Pacto Fiscal y Pacto Eléctrico. Para el caso particular de la administración local, la END 2030 previó la puesta en marcha de un conjunto de reforma de la administración pública, con miras al logro de la visión país para el indicado período, las cuales se citan íntegramente a continuación:

· El Servicio Civil y la Carrera Administrativa se implementarán en todos los estamentos de la administración pública, incluyendo los gobiernos locales, en un plazo no mayor de diez (10) años.

· Todas las instituciones del Gobierno Central, instituciones descentralizadas y autónomas y organismos municipales cumplirán con las normas de transparencia en las compras y contrataciones públicas, (incluyendo las relativas a la participación de las MIPYME), de acceso a la información pública y rendición de cuentas, en un plazo no mayor de tres (3) años.

· Todos los municipios del país contarán con planes de desarrollo municipal, elaborarán y ejecutarán sus presupuestos participativos, en un plazo no mayor de cinco (5) años.

· El Gobierno Central transferirá a los ayuntamientos los tributos, competencias y responsabilidades municipales que se consideren pertinentes dentro del marco de la Constitución y las leyes, en un plazo no mayor de siete (7) años.

· Un Plan de Ordenamiento Territorial que permita gestionar las políticas públicas en el territorio, regular el uso del suelo, incentivar el aprovechamiento sostenible de los recursos y facilitar la gestión integral de riesgos a nivel nacional y local, se diseñará, aprobará y aplicará, en un plazo no mayor de tres (3) años.

· El marco jurídico que determine las regiones únicas de planificación, se diseñará, aprobará y aplicará, en un plazo no mayor de dos (2) años.

Pero, la situación es más compleja para Fedomu, debido a que el Poder Ejecutivo no previó la firma de un "Pacto por la Municipalidad" en el Plan Nacional Plurianual del Sector Público 2013-2014, el único pacto previsto para ser firmado en el presente cuatrienio, al margen del educativo que ya fue firmado y el laboral que está en negociación, es el pacto eléctrico motivado en la END 2030. Y, se entiende que este anhelo de Fedomu no se encuentre dentro de los compromisos del Poder Ejecutivo, ya que el Estado no puede firmar un pacto con el propio Estado, por eso previeron las diferentes reformas a la administración pública de la cual, de la cual son parte los gobiernos locales. Pero, resulta, que el asociativismo municipal en su conjunto no se ha puesto de acuerdo para negociar y aplicar las reformas contenidas en la END 2030, si no que por el contrario, la Federación Dominicana de Distritos Municipales (Fedodim) está gestionando la reforma de su interés particular.

De ahí, que no ha de extrañar que Fedodim, con apoyo solapado de la Liga Municipal Dominicana (LMD), a sabiendas que el tan mencionado pacto carece de sustento legal y político, haya decido agenciarse una reforma trunca a la medida de sus intereses, en el entendido de que a algunos actores de la dirección de Fedodim, en violación a tres sentencias del Tribunal Constitucional Dominicano, les interesa que los distritos municipales tengan voz y voto en la Asamblea que escoge al Secretario General de la LMD. ¿A quién beneficia el crimen y quien es el criminal?