La corrupción también se combate con documentos

Lo primero para combatir la corrupción es entender de qué estamos hablando y no confundir términos, pues no todos los abusos implican corrupción. Así, debemos distinguir el robo (apropiación ilegal de una suma de dinero u objeto sin dar ningún favor a nadie), el fraude (engaño que se realiza en perjuicio contra otra persona u organización), extorsión (obligar a una persona, por la fuerza o la intimidación, a realizar u omitir una acción), o la malversación (utilización indebida de caudales ajenos). Todos ellos son delitos socialmente inaceptables, pero en ningún caso es corrupción. En la corrupción deben darse obligatoriamente dos condiciones: la intencionalidad de realizar un acto fuera de la ley (por ejemplo, que un funcionario público ofrezca información imperfecta de forma accidental, no implica corrupción); quien la realiza espera obtener alguna ventaja, que puede ser recibir dinero (lo que entendemos por soborno), o aceptar regalos costosos u otros favores a cambio de su acción ilegal.

Los efectos de la corrupción son muy graves para cualquier país donde se asienta, por lo que los ciudadanos no deberíamos conformarnos con aceptar que la corrupción sólo nos afecta como mucho a una noticia de 2 minutos en el noticiario, donde nos hemos acostumbrado a ver desfilar a sinvergüenzas con corbata expertos en usar sus cargos para obtener beneficios personales y/o familiares.

La corrupción no conoce límites políticos ni geográficos, y atraviesa a todos los sectores sociales; exige enormes costos de transacción, los cuales son reales (cuantificables económicamente aunque ocultos públicamente) provocando que en países con corrupción generalizada los ejecutivos gasten alrededor de un 20% de su tiempo de trabajo negociando acciones relacionadas con la corrupción. La corrupción se deja sentir en todos las dimensiones de la sociedad, en especial en la económica (reduciendo los ingresos fiscales, descendiendo el PIB, y distorsionando el gasto público), comercial (arruinando el libre comercio, frenando la innovación, y espantando a los inversionistas), social (acentuando las diferencias sociales y en especial perjudicando a los más desfavorecidos), y política (generando progresiva pérdida de legitimidad del sistema político en su conjunto, y fortaleciendo la sensación de impunidad), creando con el tiempo un círculo vicioso que de no detenerse puede crecer hasta volverse incontrolable. La corrupción viola el estado de derecho, y el estado de derecho es un prerrequisito de la economía de mercado. Si no existe estado de derecho, no hay protección de los derechos de propiedad privada ni cumplimiento de los contratos.

En definitiva, la corrupción paraliza un país y las posibilidades de crecimiento de sus ciudadanos, así como limita sus derechos y libertades. Por ello, en estos días en los que desde todos los círculos políticos y sociales se está hablando de las medidas para salir de la crisis en España, es inconcebible que ninguno esté planteando tomarse en serio acabar con la corrupción que parece haberse asentado en algunos entornos de nuestra sociedad provocando la decadencia de lo público.

Existen distintas recetas para luchar contra la corrupción, las cuales tienen como fondo común construir sociedades verdaderamente democráticas, abiertas y participativas. Para ello es importante contar con leyes de transparencia y acceso a la información que obliguen por una parte a los entes y personajes públicos (o aquellos que reciben fondos públicos) a dar cuentas a la sociedad de sus acciones, gestiones, retribuciones y gastos; por otra, leyes que habiliten a los ciudadanos la capacidad de inspeccionar lo público sin necesidad de justificar su acción de control. También es importante contar con una ciudadanía educada en modelos culturales/morales de respeto, espíritu de esfuerzo y trabajo, donde las acciones cívicas sean premiadas y fuertemente castigadas aquellas que atenten contra el bien social, ya que no debemos olvidar que la corrupción implica un conjunto de relaciones de complicidad y permisividad. Lamentablemente, no vemos por ejemplo en muchos de los canales de nuestra televisión, que se potencien actos y pensamientos ciudadanos contra la corrupción, sino más bien todo lo contrario, donde se premian los "pelotazos" rápidos, se enaltecen a los violentos y se profundiza en lo macabro de la sociedad en vez de los aspectos positivos que cada día ocurren en la misma.

Y en esta lucha efectiva contra la corrupción tiene un papel vital todo lo que tenga que ver con la gestión profesional de los documentos, estén estos en el soporte que estén (papel o digital), ya que son el instrumento tangible sobre el cual se asientan los actos intangibles que los corruptos realizan. De hecho, la importancia de la gestión documental es tan importante que casi todos los estados del mundo, desde la antigüedad hasta nuestros días, han querido borrar sus acciones corruptas destruyendo los documentos (normalmente mediante el uso del "fuego purificador"), evadiendo así sus responsabilidades y ocultando su rostro de quienes puedan exigirles cuentas en el futuro.

Los documentos públicos son esenciales para el desempeño de las funciones del Estado, y las unidades de información (entendidas estas como archivos, bibliotecas o centros de documentación) son centros de información al servicio del ciudadano, así la administración y la cultura se ven afectados por la falta de eficiencia, eficacia y equidad en la gestión de los documentos. La desorganización de los documentos testimonios de las actividades de las entidades crea oportunidades para que se de la corrupción ya que facilita a los corruptos una "baja probabilidad de ser descubiertos", crea sensación de impunidad, resta efectividad a los controles, dificulta el desarrollo de los procesos judiciales, y con frecuencia conduce a fallos desacertados.

Por todo lo expuesto en esta columna, permítame el lector acabar con la reflexión de que debemos exigir a nuestro políticos que se dediquen a tomar medidas efectivas para atajar la corrupción; por una parte aplicando leyes de transparencia y acceso a la información (es verdaderamente notorio que España no tenga todavía una ley de acceso a la información, cuando el acceso es un derecho humano reconocido por el derecho internacional, por muchas constituciones, y por más de 80 leyes nacionales alrededor del mundo); por otra, y en relación con la anterior, dotando a las unidades de información españolas (archivos, bibliotecas y centros de documentación) y sus profesionales, de instrumentos modernos de gestión de documentos, así como capacitación y presupuestos para realizar sus tareas, ya que un país que vive de espalda a sus documentos es un país condenado a la pobreza y el embrutecimiento.

Los corruptos temen a los documentos y la información en ellos contenida, ya que les delatan, por eso buscan debilitar nuestros centros de la cultura y la información. No caigamos en su engaño de pensar que un archivo es un lugar donde se acumulan "papeles viejos e inservibles" o una biblioteca es un espacio para "leer sólo la prensa" ... los centros de información y sus profesionales (archiveros, bibliotecarios, documentalistas) son los faros que iluminan y saca a luz los actos ilegales de aquellos que nos dañan a todos los Españoles. No les permitamos salirse con la suya y exijamos leyes y centro de información habilitados para luchar contra la corrupción.