Revolución de Abril de 1965: anatomía crítica de un proyecto constitucional frustrado 1/3

El plan —diseñado por un puñado de oficiales hartos del nepotismo y alentado discretamente por la CIA— preveía eliminar al dictador y sostener la arquitectura económica que beneficiaba a los ingenios azucareros vinculados a Wall Street. El Santo Domingo 145 aconsejaba “una apertura tutelada que evite otro caso Cuba” .

En las horas posteriores, la capital vivió un ballet de uniformes: generales trujillistas prometían lealtad al heredero Ramfis, mientras coroneles jóvenes exigían «paz con democracia». La familia se replegó a la Base Aérea de San Isidro con sus archivos de cuentas en Suiza; Washington, temiendo un baño de sangre, facilitó aviones para sacar a los Trujillo hacia Madrid.

El Consejo de Estado, formado el 18 de enero de 1962 y presidido por Rafael Bonnelly, legalizó partidos y amnistió exiliados; sin embargo, mantuvo intacto el Concordato con la Santa Sede y la Ley 525 que prohibía sindicatos independientes. El “cambio” fue, en palabras del New York Times, «más bien un descosido que una ruptura».

Los cables CIA-RDP79T00429A000100020004-3 y INR/Snapshot 6-feb-62 coincidían: «Alto mando militar retiene la doctrina del enemigo interno enseñada en la Escuela de las Américas» . La propiedad terrateniente –140 000 ha en manos de diez familias– permaneció intocable.

El Consejo cayó por su propio peso: sin aval popular ni ejército depurado, naufragó en luchas de facción. El 16 de diciembre de 1962 se convocaron elecciones, y la transición quedó en manos de un testigo incómodo: Joaquín Balaguer, el último presidente títere de la dinastía trujillista.2. Llegada de Joaquín Balaguer bajo tutela norteamericana

Llegada de Joaquín Balaguer bajo tutela norteamericana

Balaguer, llamado pero muchos en esa época como un humanista confeso y discípulo del tirano, asumió la presidencia provisional por decisión de la embajada. Cable Santo Domingo 102 (5-jun-61) recoge su promesa: «Continuidad ordenada, sin aventuras de izquierda» . Thomas Mann, en memorando al Departamento de Estado, describió al dirigente como “maleable, predecible y visceralmente anticomunista”.

Durante su breve mandato, Balaguer garantizó que los contratos de azúcar con Estados Unidos no se revisarían. El Banco Central emitió deuda externa por cinco millones de dólares para pagar a la Guardia y evitar un motín, mientras clausuraba el periódico opositor La Hora. El nuncio Emanuele Clarizio asistía a sus consejos de ministros, cual vigía del Vaticano.

Washington se mantuvo satisfecho. Un informe de la AID fechado en noviembre de 1961 calificó el clima de inversión como “excelente” gracias a «la firme posición del presidente Balaguer frente a los sindicatos revanchistas». La sociedad civil, embrionaria aún, veía en él la sombra del tirano.

Pero el país hervía: universitarios pedían “transparencia” y exiliados retornados exigían la legalización del Partido Revolucionario Dominicano (PRD). Balaguer autorizó la sigla, previendo que la dispersión de la izquierda impediría un triunfo electoral.

El 27 de febrero de 1962, al cumplirse 118 años de la independencia, el mandatario convocó elecciones para diciembre. En público hablaba de democracia; en privado pedía a la CIA “vigilancia estrecha” sobre Juan Bosch, recién llegado de Cuba.

Cable Airgram DR-54 (26-sep-63) confirmaría luego que Balaguer estaba dispuesto a pactar con los golpistas de 1963 “si se garantizaba control del Congreso y la Corte Suprema”. Su relación con Washington sería la antesala del fraude de 1966.

Elecciones de diciembre de 1962: el triunfo de Juan Bosch

El 20 de diciembre, bajo lluvia tropical, los dominicanos votaron por primera vez sin miedo a los servicios secretos del SIM. Juan Bosch arrasó con el 59 % de los votos frente a la Unión Cívica Nacional. La CIA, en PICL 23-12-62, informaba: «Bosch no es comunista; su amenaza radica en la reforma social que propone» .

La prensa internacional celebró la jornada. Le Mondetituló «La isla se sacude el polvo de la tiranía»; The Washington Post advirtió en editorial: “Bosch tendrá que elegir entre Kennedy y Castro”. La elección se leyó en clave de Guerra Fría.

En enero de 1963, el Departamento de Estado comenzó a recibir los llamados Papeles Mann (docs. 19-20 FRUS): informes que tachaban a Bosch de “demasiado autónomo frente a los intereses norteamericanos”. El magnate azucarero Newhouse telegraphó a su lobby en Washington: «Si la reforma agraria avanza, vendan antes de que sea tarde».

Bosch aterrizó en el Palacio Nacional el 27 de febrero con un gabinete plural: católicos progresistas, sociales demócratas y un ex comunista moderado. Su primer discurso al Congreso anunció la revisión de los contratos de exportación y la profesionalización militar.

El PRD duplicó el salario mínimo urbano y entregó 18 000 títulos de tierra en siete meses. Aquella redistribución hizo crujir a la oligarquía y a los generales acostumbrados a cobrar diezmos del comercio estatal.

En junio, Bosch lanzó una frase que costaría cara: «El Estado no será intermediario de negocios privados». Los cables FRUS recogen la reacción de Mann: “Advertirle, persuadirle o suplantarle”. El reloj del golpe comenzó a correr.

El Gobierno Bosch (27-febrero – 25-septiembre 1963)

Las primeras cien horas vieron decretos que abolían la censura, devolvían la autonomía universitaria y citaban a licitación pública la compra de alimentos escolares. Bosch pasaba de la retórica a los hechos; el arzobispo Octavio Beras reaccionó desde el púlpito: «La patria peligra si se legisla al margen de la moral cristiana».

El 29 de abril, en solemne sesión, se promulgó la Constitución de 1963: separación Iglesia-Estado, prohibición de la reelección y expropiación con pago diferido cuando la tierra estuviera ociosa. El INR-CIA 3-jul-63 sentenciaba: «Art. 62 golpea intereses de Gulf+Western» .

La jerarquía católica convocó un “ayuno por la patria” y el diario El Caribe habló de “ateísmo militante”. La banca privada cerró líneas de crédito; el cable Embassy 21(25-ago-63) advertía que “la guerra psicológica lleva dos meses” .

Bosch contraatacó anunciando auditorías a la Caja Militar y jubilaciones forzosas para 47 coroneles. Elías Wessin y Wessin, comandante de la Fuerza Aérea, reunió a sus pilotos: «Bombardearemos la UASD si los marxistas toman la calle», registra su diario personal (Hallazgo UASD 2024).

En septiembre, la Asociación de Productores de Azúcar suspendió la zafra alegando “incertidumbre jurídica”. La CIA envió a Langley el cable DIR-68444: «Bosch gobierna con romanticismo peligroso; conviene un cambio antes de que consolide su base rural».

El 24 de septiembre, víspera de la fiesta de las Mercedes, los tanques CEFA salieron del cuartel 27 de Febrero.

La Carta proclamada el 29 de abril de 1963 convirtió por primera vez a la República Dominicana en «Estado social y democrático de derecho». El artículo 17 fijó jornada máxima de ocho horas y salario mínimo; el 22 subordinó la propiedad a la “función social”; el 55 separó Iglesia y Estado. El FRUS doc. 18 alertó: «Amenaza el patrón de concentración de la tierra» .

El INR-CIA memorandum 3-jul-63 remarcó el punto más sensible: el artículo 62, que permitía expropiar latifundios ociosos con pago diferido, afectaba los ingenios de Gulf + Western. La nota recomendaba “impulsar un frente eclesiástico-empresarial” para frenarlo .

La jerarquía católica respondió con homilías dominicales: “Esta Constitución es atea”. El ayuno nacional de septiembre movilizó a parroquias que, hasta entonces, nunca habían entrado en política partidista. Desde Miami, The Herald escribió que el texto «pretende ser el 14 de Julio dominicano».

En el Congreso estadounidense, el congresista Mendel Rivers calificó la Carta de “caballo de Troya marxista” (Congressional Record, 28-abr-65, p. 9251). La acusación fue amplificada por The Wall Street Journal, que advirtió a inversores azucareros sobre «deriva confiscatoria».

Un estudio reservado del Pentágono —capítulo I de la monografía Power Pack— reconocía, en contraste, que el texto “respondía a demandas históricas de justicia” pero que su derrocamiento “podría radicalizar al campesinado”. La profecía se cumpliría en Las Manaclas.

El Informe Mann (doc. 22, FRUS) ofreció la hoja de ruta seguida por los golpistas: «Suprimir los artículos sociales vía reforma controlada o, de fracasar, apoyar un reemplazo constitucional». De ahí la celeridad con que elCerco conservador y conspiración cívico-militar

Triunvirato derogó la Carta el 27-sep-63, apenas veinticuatro horas después del golpe

La reacción comenzó con sotanas y terminó en pistolas. El 15 de agosto de 1963 el arzobispo Octavio Beras Rojas calificó la Carta Magna boschista de “injuria a los derechos de Dios”. Dos días más tarde, la Asociación de Banqueros suspendía los anticipos a la Tesorería; el cable Embassy 21 hablaba sin rodeos de una “guerra psicológica diseñada para dejar al gobierno sin sueldos antes de septiembre” .

Detrás de la sotana se movía el dinero: el industrial azucarero Bienvenido Bergés donó 40 000 dólares a la “Marcha de la Fe”, que el 22 de septiembre reunió 30 000 personas ante el Congreso. El cable DIR-68444presume de ello: «La amplia asistencia demuestra la disposición popular a resistir el social-populismo» .

Mientras, el coronel Elías Wessin y Wessin llamaba a oficiales fieles al CEFA. Su Diario de Campo(Hallazgo UASD 2024) anota: «Si los estudiantes salen, la universidad será blanco legítimo». La doctrina de “enemigo interno” se actualizaba contra académicos y sindicatos.

El CEFA encontró apoyo en la Cámara Americana de Comercio, que veía inaceptable el artículo 62 sobre expropiaciones. Una minuta del Business Committee (18-sep-63) afirma: «Urge acción correctiva antes de que el Congreso apruebe el presupuesto 64».

En Washington, Thomas Mann concluía en el FRUS doc. 22: «Si no frenamos la deriva social-demócrata, el Caribe recibirá un estímulo contagioso». La Casa Blanca no objetó; se activó la operación encubierta apodada Project Furrow con US $620 000 para propaganda, sobornos y logística lealista.

La chispa final fue la orden de Bosch de auditar el Fuero Militar: 47 coroneles serían retirados sin jubilación dorada. El 24 de septiembre, en la base San Isidro, Wessin recibió la “luz verde” telefónica del general Rivera Caminero: «Mañana a las dos». El golpe ya estaba marcado en la agenda hemisférica.

Golpe de Estado del 25 de septiembre de 1963

Las tanquetas AMX-13 rodearon el Palacio a la 1:30 a. m.; el teléfono de Bosch quedó mudo. El cable Santo Domingo 822 relata que el presidente pidió hablar con la prensa; se lo negaron «para proteger su integridad» . Sin un disparo, terminaba la primavera democrática más breve del Caribe.

La aviación, llave del poder, permaneció en manos de Wessin. A las 3:00 a. m. despegaron dos P-51 que sobrevolaron la capital en señal de advertencia. El servicio de prensa de la Casa Blanca emitió un ambiguo comunicado “confiando en la madurez de las instituciones dominicanas”.

Emilio de los Santos —jurista conservador— presidió un Consejo de Estado fantasma: duró cuarenta y ocho horas y cedió el testigo al Triunvirato Donald Reid Cabral-Ramón Tapia Espinal-Manuel Tavares E.. Su primer decreto derogó la Constitución social. The New York Times tituló: «Democracia suspendida “hasta nuevo aviso”».

El Project Furrow justificó sus fondos: un giro de 50 000 dólares a la emisora HIN-Rumbo bastó para saturar la radio con el eslogan “Salvados del comunismo”. El Comité de Inteligencia del Senado conocería esas cifras recién en 1975.

Bosch, aislado, fue llevado a la base de San Isidro y de allí —según cable 820— a un C-47 rumbo a Curazao. “Por su seguridad”, reza la nota. El golpe había sido quirúrgico; la fractura social, incalculable.

En los cuarteles se descorchó ron. En los barrios, estudiantes gritaban “¡Traidores!”, presagio de la insurrección que estallaría diecinueve meses después.

Exilio forzoso de Juan Bosch

El avión militar aterrizó primero en Guadalupe. DIR 68812 informa: «Objetivo retenido para evitar declaraciones a Radio Caribe» . De allí, un DC-6 de la Pan Am lo llevó a San Juan. El Embassy Flash 147detalla la intervención personal de Luis Muñoz Marín: «A petición directa de Washington ofreceremos asilo humanitario temporal» .

Bosch exigía ser juzgado en su tierra; el Departamento de Estado le negó visa para hablar en Naciones Unidas. Memorando Mann 29-sep-63 (doc. 24 FRUS): «Mantenerlo en Puerto Rico otorga control del libreto y evita viaje a La Habana». Se le asignó escolta del FBI las veinticuatro horas.

El Triunvirato tipificó como delito reproducir sus discursos; Santo Domingo 835 celebraba que «la voz de Bosch ha desaparecido del dial» . El líder social-demócrata quedaba reducido a exiliado silente.

En Puerto Rico, el depuesto presidente escribía Crisis de la democracia de América Latina, ensayo que diagnosticaba: «La oligarquía local necesita del poder armado de una gran potencia para sobrevivir a los votos». Circuló en mimeógrafo.

Mientras, el PRD se fragmentaba: unos pedían volver a la legalidad, otros llamaban a las armas. El exilio de Bosch no apagó la mecha; la trasladó al Caribe insular.

El expediente quedó sellado Confidential/DR durante cincuenta años. Solo en 2014 el público supo de la cláusula que prohibía a Bosch declarar a medios estadounidenses

El Triunvirato de Donald Reid Cabral (1963-1965)

La madrugada del 25 de septiembre de 1963, mientras los tanques del CEFA sellaban el derrocamiento del gobierno constitucional de Juan Bosch, una figura discreta, de perfil tecnocrático y acento diplomático, comenzaba a emerger como rostro civil del golpe de Estado. Su nombre era Donald Reid Cabral, abogado, empresario y diplomático de carrera, nieto de los próceres Buenaventura Báez y José María Cabral, herencia que encarnaba la vieja casta republicana. Educado en las mejores aulas de derecho y conocido por su trato afable, Reid había servido como embajador ante las Naciones Unidas y ante el Consejo de Estado que siguió a la muerte de Trujillo, siempre cercano a las élites comerciales y azucareras, pero sin liderazgo de masas ni legitimidad popular.

A diferencia de los militares que orquestaron el golpe desde los cuarteles, Reid Cabral fue el hombre elegido para dar un barniz de institucionalidad a la asonada, una suerte de presidente sin pueblo, sostenido por las bayonetas y la bendición diplomática de Washington. Su ascenso al frente del Triunvirato —junto a Ramón Tapia Espinal y Manuel Tavares Espaillat— respondía a una lógica simple: era la pieza dócil que garantizaba el cierre de las reformas sociales impulsadas por Bosch y la devolución del poder a la vieja oligarquía. Desde su primer día al frente del gobierno de facto, Reid confirmó su rol: clausuró el Congreso, derogó la Constitución de 1963 y promulgó la Ley 7-63, que prohibía las huelgas y criminalizaba la protesta sindical.

Pero detrás de su tono pausado y su traje de estadista clásico, Reid operaba como el ejecutor civil de una dictadura militar disfrazada de gobierno provisional. En los informes desclasificados del Departamento de Estado —como el telegrama State 14789— la Casa Blanca elogiaba «la rapidez y responsabilidad con que se restablece el orden», mientras la CIA advertía, en sus reportes semanales, sobre los costos sociales de la represión que pronto encendería las brasas de la insurrección constitucionalista.

Donald Reid Cabral fue, en la historia dominicana, el rostro pulido de la contrarrevolución, el administrador de una restauración conservadora que, mientras prometía elecciones “cuando el país sane”, multiplicaba las listas negras, las deportaciones de opositores, el cierre de sindicatos y periódicos, y la represión sangrienta contra estudiantes y campesinos. Su promesa de orden no trajo estabilidad, sino el germen de la revuelta popular que, menos de dos años después, lo arrastraría al colapso junto con el aparato que representaba.