Revolución de Abril de 1965: anatomía crítica de un proyecto constitucional frustrado 3/3

La “zona franca humanitaria” levantada por la OEA era, en realidad, un corredor logístico para el 82.º Airborne. Félix Servio Ducoudray, observador de la ONU, denunció en informe reservado “violaciones sistemáticas de neutralidad”.

El 19 de diciembre de 1965, tropas leales al general Rivera Caminero asaltaron el Hotel Matúm en Santiago, donde dormía Caamaño tras una asamblea. Hubo 3 000 disparos en cuarenta minutos; murió el coronel Juan María Lora Fernández. Los asesores norteamericanos, según partes desclasificados en 2020, dirigieron el cerco violando su mandato de “observadores”.

En la capital, la tensión bajó con la llegada de Navidad. Los precios de alimentos se dispararon 140 %. Washington presionaba para una salida “honorable”. El Triunvirato sin pueblo, los rebeldes sin munición y los marines sin relato humanitario largo formaban un triángulo imposible.

La OEA propuso Gobierno provisional; Caamaño aceptó negociar. En barrios rebeldes se oyó «Constitución sin Caamaño también vale». El cansancio era el mejor aliado de la diplomacia.

Los comandos que juraron “Constitución o muerte” eran ahora reserva moral, no fuerza efectiva. El

El acuerdo final: claudicación forzada y exilio de la dignidad

El precio de la resistencia constitucionalista fue alto. Tras casi cinco meses de bloqueo militar, bombardeos sobre la capital y la ocupación del país por más de 21,000 marines estadounidenses, la lucha popular encabezada por Francisco Alberto Caamaño Deñó fue llevada a una negociación desigual. El 26 de agosto de 1965, bajo la mediación de la Organización de Estados Americanos (OEA) y con la presión directa del Pentágono y el Departamento de Estado, se firmó el Acta de Reconciliación Nacional, el documento que marcó el fin formal de la Revolución de Abril. Según consta en el FRUS, vol. XXXII, doc. 72, la OEA actuó como vehículo diplomático, pero las decisiones finales respondieron a las imposiciones de Washington, que había condicionado toda negociación a la salida de Caamaño del país.

El acuerdo estableció como primera condición el exilio de Francisco Alberto Caamaño, bajo la figura de “salida voluntaria para contribuir a la pacificación”. Esta cláusula, sin embargo, fue redactada bajo la amenaza de continuar la ocupación militar si el presidente en armas no aceptaba. El cable Santo Domingo 926 (30-agosto-1965), enviado por el embajador Bennett, reportó al Departamento de Estado: «El líder rebelde acepta el exilio a Londres; sin su partida no habría sido posible cerrar las conversaciones». La salida de Caamaño fue presentada ante la opinión pública como una decisión de buena fe, pero los documentos desclasificados prueban que se trató de una exigencia directa del gobierno norteamericano.

El segundo punto clave del acuerdo fue la creación de un gobierno provisional encabezado por Héctor García-Godoy, ex embajador y figura moderada vinculada a los sectores conservadores, aunque aceptado por la OEA como "neutral". El Acta de Reconciliación establecía que ese gobierno tendría como única función organizar elecciones en un plazo no mayor de nueve meses. La fecha se fijó para junio de 1966, con una advertencia expresa de que el proceso estaría bajo la “supervisión de fuerzas internacionales de paz”, es decir, bajo la tutela militar de los ocupantes. La monografía oficial del Pentágono sobre Power Pack señala que «la Fuerza Interamericana de Paz debía garantizar que el proceso electoral excluyera cualquier intento de retorno de la izquierda radical» (Army University Press, Power Pack, Cap. IX).

El tercer componente del acuerdo fue la amnistía general para los combatientes constitucionalistas, pero con la excepción expresa de aquellos señalados como "subversivos extranjeros", una categoría ambigua que permitía mantener bajo persecución a militantes de izquierda, exguerrilleros y sindicalistas. Los documentos de la CIA (DIR 87211, septiembre 1965) indican que, aunque se habló de reconciliación, las listas negras continuaron activas y los servicios de inteligencia estadounidenses compartieron con el nuevo gobierno los nombres de los cuadros más radicales del movimiento constitucionalista.

El verdadero trasfondo de ese acuerdo fue garantizar que las elecciones de 1966 quedaran bajo control de Washington. La documentación del Congressional Record (1966, p. 11423) revela que el Departamento de Estado consideraba la candidatura de Joaquín Balaguer como la “mejor opción para garantizar la estabilidad política del país y evitar un retroceso hacia el modelo socialdemócrata de Bosch”. En efecto, Balaguer, antiguo colaborador del régimen trujillista, fue apoyado por las élites económicas, la Iglesia y los remanentes de las Fuerzas Armadas, obteniendo la victoria en unos comicios vigilados por los cascos azules y por la maquinaria militar norteamericana.

El costo humano y político de esa “reconciliación” fue omitido en los comunicados oficiales. La Cruz Roja Internacional, en su informe de cierre de misión, denunció que más de 2,650 civiles habían muerto durante la ocupación, en su mayoría por bombardeos y fuego cruzado en las zonas populares. Sin embargo, las cifras oficiales del Pentágono mantuvieron la narrativa de “mínimas bajas colaterales”. El New York Times y el Le Monde coincidieron en señalar que el acuerdo de paz había sido más una claudicación forzada que una verdadera negociación entre iguales.

Pese a la firma del acuerdo, la llama de la Revolución de Abril no fue extinguida en la memoria histórica dominicana. El exilio de Caamaño, su posterior ejecución tras el desembarco de Caracoles en 1973, y la persistente represión contra las organizaciones populares evidenciaron que el acta del 26 de agosto no fue una reconciliación real, sino una capitulación impuesta por la bota extranjera. Como escribió el periodista Pierre Darcourt en Le Monde (31-agosto-1965): «El imperio ganó la guerra, pero no logró borrar el acto de dignidad de un pueblo que se negó a entregar su Constitución sin pelear».

Juan Bosch desde el exilio: el ideólogo silenciado que nunca dejó de pelear

Aunque el golpe militar del 25 de septiembre de 1963 lo había expulsado del poder y del país, Juan Bosch, presidente legítimamente electo y artífice de la Constitución de 1963, jamás abandonó el escenario de la Revolución de Abril. Desde su exilio en Puerto Rico, bajo estrecha vigilancia del FBI y del Departamento de Estado, Bosch mantuvo una activa estrategia política, intelectual y diplomática, que contribuyó a dotar de contenido ideológico y legitimidad internacional a la insurrección constitucionalista. Según el cable DIR-68812, fechado el 27 de abril de 1965, la CIA alertó a Washington: «Bosch mantiene contactos diarios con PRD y con delegados del levantamiento; insiste en la restitución del orden constitucional como única salida aceptable».

Pese a estar físicamente fuera del territorio dominicano, Bosch fue percibido como la figura central detrás de la revuelta. El cable Santo Domingo 828 (29-abril-1965), enviado por el embajador Tapley Bennett al Departamento de Estado, reconocía que «los combatientes invocan constantemente la Constitución de Bosch y esperan su retorno como garantía de legitimidad». Esta referencia directa en los partes diplomáticos desmonta la versión oficial del Triunvirato y de Washington, que intentaban presentar la insurrección como obra de militares aislados o de elementos radicales externos.

El gobierno norteamericano, consciente de la influencia simbólica y política de Bosch, desplegó desde el primer día del levantamiento una estrategia para silenciar su participación. El Memorando Mann (FRUS doc. 24, 29-sep-1963), redactado tras el golpe de Estado, ya había recomendado mantenerlo fuera de los medios: «Mantenerlo en Puerto Rico otorga control del libreto y evita viaje a La Habana o intervención en foros internacionales». Esta política se mantuvo durante la Revolución. El FBI y el gobierno de Luis Muñoz Marín en Puerto Rico establecieron un cerco informativo que prohibía a Bosch dar declaraciones a la prensa estadounidense, tal como confirma el expediente Confidential/DR, desclasificado en 2014.

A pesar de la censura, Bosch logró circular comunicados mimeografiados desde San Juan, que llegaron a Santo Domingo por las redes del PRD y de exiliados. En esos mensajes, insistía en que «ninguna solución será legítima si no se restituyen la Constitución de 1963 y las instituciones destruidas por el golpe de Estado». Según reportó el New York Times el 2 de mayo de 1965, las copias de estos textos circulaban clandestinamente entre los comandos barriales y eran leídas en altavoces improvisados en las zonas rebeldes. La CIA, en el DR-65-201, reconoció que «los discursos de Bosch desde el exilio sostienen el espíritu de los combatientes».

Washington identificó este rol activo de Bosch como un obstáculo clave para desactivar la insurrección. El cable State 149321 (9-may-1965), dirigido al embajador Bennett, instruía: «Evitar cualquier espacio para Bosch en las negociaciones; insistir en solución sin retorno de líderes exiliados». De hecho, uno de los temas recurrentes en las reuniones diplomáticas entre EE. UU., la OEA y los sectores del Triunvirato fue la negativa explícita a considerar a Bosch como interlocutor legítimo. Esta línea dura fue defendida personalmente por Thomas Mann, entonces subsecretario de Estado para Asuntos Interamericanos.

A nivel internacional, Bosch libró otra batalla. Enviaba cartas a partidos socialistas y socialdemócratas de Europa y América Latina, denunciando la intervención militar estadounidense y solicitando pronunciamientos de condena. La prensa europea, especialmente Le Monde y La Stampa, recogió sus declaraciones y las contrastó con la narrativa de Washington. El Le Monde del 7 de mayo de 1965publicó: «Bosch denuncia la invasión y afirma que la Revolución de Abril no es comunista, es la lucha por restaurar la democracia traicionada». Esta denuncia fortaleció la percepción internacional de que la ocupación era un acto imperialista y no una acción de defensa de la democracia.

Pese a los intentos por marginarlo, Bosch logró que su figura se mantuviera como referencia moral y política durante todo el proceso revolucionario. Cuando el acuerdo final del Acta de Reconciliación Nacional (26 de agosto de 1965)excluyó toda posibilidad de su retorno inmediato, Bosch calificó el pacto como «una claudicación bajo ocupación extranjera», según consta en el boletín interno del PRD, fechado el 2 de septiembre de 1965. Esta crítica no impidió que, para los combatientes, su nombre siguiera siendo sinónimo de la Constitución y de la legalidad ultrajada.

Los informes finales de la CIA, en especial el CIA Intelligence Estimate 65-87, reconocen que «el factor Bosch mantuvo vivo el componente político de la insurrección, dificultando la consolidación del gobierno provisional y deslegitimando cualquier resultado electoral si no era permitido competir libremente». Aún fuera de las trincheras, Bosch fue, en la práctica, el ideólogo silenciado de la Revolución de Abril. Su papel no fue el de un espectador lejano, sino el de un líder proscrito cuya presencia moral y política alimentó la resistencia contra la dictadura militar y la injerencia extranjera

El gobierno de Balaguer (1966-1978): represión, clientelismo y desarrollo autoritario

El primer período de Joaquín Balaguer (1966-1970) fue inaugurado bajo la doctrina de la llamada "mano dura con libertad", que en la práctica significó la instauración de un régimen represivo que utilizó la violencia estatal como método sistemático de control social y político. Las fuerzas armadas, con fuerte entrenamiento y asesoría norteamericana, ejecutaron una política de exterminio selectivo contra excombatientes constitucionalistas, estudiantes, campesinos organizados y opositores de izquierda. Organismos como el Servicio de Inteligencia Militar (SIM)y la temida Policía Nacionalllevaron a cabo miles de detenciones ilegales, desapariciones y ejecuciones extrajudiciales. Entre los crímenes de Estado más recordados figura la matanza de los guerrilleros de Caracoles en 1973, incluido el asesinato de Francisco Alberto Caamaño, símbolo de la resistencia constitucionalista.

Durante el segundo período (1970-1974), Balaguer profundizó el modelo de autoritarismo electoral. Aunque organizaba elecciones cada cuatro años, estas se desarrollaban bajo condiciones de fraude, compra de votos, represión sistemática y censura a la prensa independiente. En las zonas rurales, el gobierno implementó una red clientelar de asistencia social conocida como el “pan con mantequilla”, que consistía en pequeñas obras públicas, distribución de alimentos y becas, destinadas a fidelizar el voto campesino mientras se mantenía la exclusión política de la oposición urbana. Al mismo tiempo, los escuadrones de la muerte, bajo la cobertura del Estado, continuaban las ejecuciones de líderes sindicales y militantes de izquierda. El informe de Amnistía Internacional (1975)sobre República Dominicana señalaba que durante este período “los asesinatos políticos y la represión alcanzaron niveles alarmantes”.

En el ámbito económico, Balaguer promovió una política de desarrollo basada en la construcción de grandes obras públicas: presas, avenidas, puentes, autopistas y viviendas sociales. Este modelo de "progreso visible" se financió principalmente mediante préstamos internacionales y apoyo de Estados Unidos, que justificaba la ayuda económica como parte de la lucha contra el comunismo en el Caribe. Sin embargo, el modelo favoreció la acumulación de capital en manos de grupos cercanos al régimen, y la corrupción estatal alcanzó niveles nunca antes vistos, con denuncias de sobrevaluación de obras y contratos amañados. Mientras la infraestructura crecía, los indicadores de pobreza, desigualdad y desempleo seguían siendo altos, especialmente en el campo.

El tercer mandato (1974-1978) mostró el desgaste del balaguerismo y el inicio de la presión popular por la apertura democrática. Las protestas estudiantiles, las huelgas de obreros y las denuncias internacionales por violaciones de derechos humanos minaron la legitimidad del régimen. Aunque Balaguer intentó controlar el proceso electoral mediante fraudes similares a los anteriores, la presión nacional e internacional obligó a una relativa apertura que culminó con las elecciones de 1978, en las cuales, por primera vez, la oposición —el PRD, encabezado por Antonio Guzmán Fernández— logró alcanzar el poder. Ese resultado marcó el final de los doce años de represión y autoritarismo, pero dejó como legado una cultura política basada en el miedo, la corrupción y la manipulación electoral, que afectaría a la democracia dominicana por las siguientes décadas.

Epílogo final:

Caamaño fue ejecutado el 16-feb-1973 tras su fallido desembarco en Playa Caracoles. El cable Santo Domingo 2195 notificó a la Casa Blanca: «Operación concluida, objetivo neutralizado». Con su muerte se cerró la última ventana para restaurar la Constitución de 1963 en vida de sus defensores.

Balaguer continuó doce años en el poder bajo la etiqueta de “democracia autoritaria”. El crecimiento económico —8 % anual con créditos AID y remesas— convivió con la persecución a la disidencia: la Comisión de Derechos Humanos documentó 2 342 detenciones políticas entre 1966 y 1972. Washington lo aceptó como “precio de la estabilidad” en el Caribe.

La tutela externa mudó de uniforme a corbata. En marzo de 2018, la Casa Blanca de Donald Trump impuso un arancel global del 10 % al acero y aluminio. Los FRUS 2020-2022, docs. 202, 206, 211 —todavía inéditos en la prensa local— muestran que la Oficina del Representante Comercial (USTR) condicionó exenciones a “alinear la política exterior dominicana con intereses de EE. UU.”. El chantaje económico sustituyó al desembarco marino.

La historia revela un dilema recurrente: soberanía con costes o dependencia con prebendas. Desde 1965 la trama azucarera se transformó en textil, luego en turismo y finalmente en tratados de libre comercio que reproducen la asimetría. La Revolución de Abril enseñó que sin base productiva diversificada el margen de maniobra política es estrecho.

Cada 24 de abril los dominicanos conmemoran a sus mártires. Sin embargo, los manuales escolares aún describen la intervención estadounidense como “operación de salvamento”. La batalla por el relato permanece abierta en aulas, archivos y calles que llevan nombres de los héroes constitucionalistas.

La lección final es doble: la Constitución no basta si las élites locales y la superpotencia coinciden en sus intereses; y —paradójicamente— ningún veto oligárquico es eterno si una coalición cívico-militar vuelve a poner la Carta sobre la mesa. La fecha sigue siendo brújula moral: recuerda que las repúblicas nacen, mueren y resucitan cada vez que sus ciudadanos deciden defenderlas.

SEGUNDA PARTE:

https://do.municipiosaldia.com/opinion/item/48340-revolucion-de-abril-de-1965-anatomia-critica-de-un-proyecto-constitucional-frustrado-2-3