Consejos Económicos y Sociales Municipales: entre la institucionalidad simulada y la hegemonía de los gremios

Uno de los principales males que aqueja a estos consejos es que, aun cuando están formalmente constituidos, las entidades que lo integran actúan de forma independiente, fragmentada, respondiendo más a los intereses de su propia estructura que al mandato colectivo del consejo. Es común ver cómo asociaciones de desarrollo, consejos de apoyo local o gremios profesionales asumen —por su peso social o capital simbólico— el rol de interlocutores con autoridades nacionales, haciendo reclamos, coordinando visitas de ministros o demandando inversiones. El problema no es que reclamen. El problema es que lo hacen a nombre propio, sin convocar al consejo del cual también forman parte.

A esto se suma una práctica aún más preocupante: muchas de las organizaciones que integran el consejo también lo presiden o dirigen, pero no lo hacen con el fin de fortalecer el órgano colectivo, sino como una estrategia para legitimarse aún más como entidad independiente. En otras palabras, utilizan el membrete del consejo para aumentar su reputación institucional, mientras lo vacían de contenido y lo reducen a un sello decorativo. Así, en lugar de articularse en torno a una agenda común, instrumentalizan el espacio para seguir consolidando su propia agenda particular. Esta visión utilitaria convierte al consejo en una vitrina más para el protagonismo, en vez de un espacio de acción transformadora.

Este comportamiento ha erosionado la legitimidad operativa de los consejos y ha generado una peligrosa desconfianza institucional. ¿De qué sirve formar parte de un cuerpo colegiado si, al momento de actuar, cada quien brilla por su lado y bajo su propio logo? ¿Cómo puede el gobierno local integrar una agenda común si las organizaciones sociales operan como satélites sin coordinación, sin actas conjuntas, sin planes compartidos?

Es fundamental recordar que los Consejos Económicos y Sociales, conforme a su marco legal, tienen como función principal asesorar al gobierno local en materias relacionadas con el desarrollo económico, social, institucional y medioambiental del municipio. No son órganos ejecutivos ni están subordinados al alcalde o al Concejo de Regidores; su rol es consultivo, técnico y plural, y por tanto, su independencia debe ser respetada. El ayuntamiento no puede imponerles agendas ni dictarles decisiones, pero tampoco puede desentenderse de su operatividad. Su deber es promover su funcionamiento, facilitar condiciones, convocar de forma periódica y valorar sus recomendaciones como parte esencial del proceso de toma de decisiones públicas.

Sin embargo, hay que reconocer que los propios ayuntamientos, en muchos casos, también han sido responsables del debilitamiento de estos espacios. Una vez constituidos, se les margina, se les convoca solo por cumplimiento formal, o se ignoran por completo. Esta pasividad institucional alimenta la desconexión, desincentiva la participación y, en ocasiones, genera tensiones innecesarias. Así como hay organizaciones que usan el consejo para brillar solas, hay ayuntamientos que lo ven como un estorbo más que como un instrumento de gobernanza participativa.

La Ley Orgánica de la Estrategia Nacional de Desarrollo (Ley 1-12), así como las guías metodológicas de los planes municipales de desarrollo promovidos por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD) y la Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU), insisten en la importancia de fortalecer la gobernanza colaborativa y la participación ciudadana estructurada. Pero estas orientaciones se enfrentan a la realidad de que muchas entidades actúan como gremios políticos: hoy protestan, mañana desaparecen; hoy reclaman participación, pero mañana toman decisiones sin consultar a los demás. Y en ese vaivén, se fractura la cohesión territorial.

Esta dinámica tiene efectos concretos. Muchos gobiernos locales prefieren no activar estos consejos, considerando que están compuestos por actores que no colaboran de manera sincera, sino que se activan únicamente para reclamar, politizar procesos o buscar protagonismo institucional. En lugar de verlos como aliados estratégicos, los ven como bloques de oposición revestidos de institucionalidad.

Y no les falta razón: si una organización que forma parte del Consejo Económico y Social puede hacer gestiones paralelas, coordinar con el Estado central sin informar ni incluir al gobierno local, y si en la práctica sus acciones no son integradoras sino excluyentes, entonces el consejo no tiene operatividad real, ni capacidad de incidencia colectiva. Es una institución simbólica, sin musculatura para transformar.

Por eso urge una transformación profunda, no superficial. Se necesita un reglamento de funcionamiento aprobado por consenso, con mecanismos claros de convocatoria, roles definidos, compromisos institucionales firmados y un sistema de seguimiento y rendición de cuentas. Solo así se puede pasar del membrete a la incidencia, del simulacro institucional a la acción coordinada.

La pregunta es inevitable: ¿queremos consejos que trabajen juntos o que simplemente compartan membrete? ¿Buscamos transformar nuestros municipios o seguir girando en círculos de individualismo institucional?

La solución no está en desactivar estos espacios, sino en transformarlos. Las entidades sociales deben dejar de ser estructuras de doble cara: una para la protesta y otra para el silencio. Deben entender que la verdadera participación no es una estrategia de coyuntura, sino un compromiso sostenido con el desarrollo del territorio. Y del mismo modo, los gobiernos locales deben pasar de la retórica a la práctica, comprendiendo que la participación no se simula, se construye.

Solo a través de una participación auténtica, integradora y corresponsable podremos construir una gobernanza local inclusiva, coherente y resiliente, donde el Consejo Económico y Social deje de ser un símbolo vacío y se convierta en un instrumento vivo del desarrollo colectivo.