Sin embargo, las leyes no tienen sentido y se convierten en letra muerta, si la autoridad coercitiva, la Justicia y los juzgadores no se colocan el traje de la imparcialidad  en defensa de los más vulnerables y no dan  seguimiento firme al cumplimiento de las decisiones que permiten alcanzar este objetivo.

En el caso de República, la autoridad navega muchas veces en naves sin rumbo, debido a la falta de respeto a sus exponentes. Correcto es el dicho que reza” cuando se pierde el respeto, no hay autoridad que valga”, aplicable ahora a los institutos castrenses y la Policía Nacional que, conjuntamente con agentes del propio Ministerio Público y jueces, han sentado las bases en ese sentido.

La actual gestión de Gobierno del presidente Luis Abinader Corona, cimentada sobre la base de la honestidad y la transparencia, debe caminar con pie de plomo, para corregir los entuertos de la Floresta, corroída con la anuencia de inspectores venales, corruptos y politiqueros.

De igual manera, los organismos de beneficios a los sectores más vulnerables, como los manejan proyectos de viviendas, las tarjetas de ayuda  y manejo de terrenos del Estado, para que al final no le enrostren responsabilidad por descuido en esos renglones.

El trafico de mercancías, incluyendo armas, trata de personas y negocios con la miseria, son una forma de corrupción enclavada en las venas de los enemigos de la paz y la convivencia pacífica, capaces de vender la garantía y seguridad de su país, por unas cuantas monedas.

Los esfuerzos del mandatarios son marcados, pero al final de la jornada, esos pequeños detalles se agigantan para pasar factura política y los responsables de esas indelicadezas sigue como el hombre aquel “campantes y sonantes”. Es tiempo de poner mano dura contra los depredadores del bosque y del Estado. ¡Que así sea!