El turismo no puede detenerse: 72 proyectos esperan en por la ley

En plena expansión del turismo dominicano, 72 proyectos turísticos están paralizados en distritos municipales como Verón-Punta Cana, a la espera de una definición legal sobre quién debe autorizar el uso de suelo. La Ley 368 22 les otorga esa facultad a los distritos con más de 15,000 habitantes, pero la interpretación contradictoria de las autoridades ha generado un limbo legal que amenaza miles de millones de dólares en inversión.

Por un lado la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo declara que la ley está vigente desde diciembre de 2022 y no depende de un reglamento para aplicarse. Sin embargo, el Ministerio de la Vivienda ha bloqueado los permisos emitidos por las juntas distritales, provocando una crisis institucional que impacta directamente la confianza de los inversionistas. Mientras que por otro lado el presidente de la Federación Dominicana de Municipios (Fedomu) declara que los únicos que tienen facultad para otorgar permisos de suelo son los ayuntamientos.

Este conflicto no puede resolverse solo entre ministerios, juntas y ayuntamientos. El Congreso Nacional debe asumir su rol y mediar para que la seguridad jurídica sea restaurada. Es hora de proponer una ley especial para los distritos municipales con vocación turística, que les garantice atribuciones estables, sin depender del conteo poblacional como criterio para subir de categoría.

En polos como Verón, el crecimiento poblacional es una consecuencia natural del dinamismo turístico: empleomanía, migración interna y expansión comercial. Medir la categoría territorial solo por 15,000 habitantes, que no necesesariamente son dominicanos, podría ser una trampa para su autonomía.

República Dominicana vive su mejor momento turístico. Este conflicto legal no puede frenar el desarrollo de nuevas inversiones. La falta de definición jurídica no solo ahuyenta capital, también pone en riesgo la competitividad del país como destino.