El SINACID: una estructura necesaria que todavía no logra sentirse cercana en los territorios

Visto desde una óptica técnica, el planteamiento del SINACID es correcto y necesario. Ningún país puede aspirar a gestionar con seriedad la cooperación internacional si cada institución actúa por separado, si cada territorio tramita sus necesidades de manera improvisada o si los recursos externos se reciben sin trazabilidad, sin alineación con la planificación y sin criterios mínimos de seguimiento. En ese sentido, el SINACID cumple una función estratégica: intenta convertir la cooperación internacional en una política pública organizada, y no en una suma desordenada de contactos, convenios o apoyos aislados.

Su estructura, además, descansa sobre una base jurídica e institucional que le da seriedad. El sistema se vincula con la Constitución de la República, con la Ley 1-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo, con la Ley 630-16 del Ministerio de Relaciones Exteriores y con la Ley 45-25, que reordena competencias relacionadas con esta materia. A ello se suma una rectoría tripartita integrada por el Ministerio de la Presidencia, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Hacienda y Economía, mientras que el Viceministerio de Cooperación Internacional asume funciones claves de definición de políticas, normas y procedimientos, articulación del sistema y seguimiento a programas y proyectos impulsados con recursos de cooperación.

En el plano institucional, esto tiene un valor importante. Significa que la cooperación internacional no debe verse como un tema menor, ni como una simple relación administrativa entre una agencia cooperante y una entidad pública. Debe entenderse como una dimensión transversal del desarrollo, conectada con la política exterior, con la planificación nacional y con la lógica financiera del Estado. Ese es, sin duda, uno de los grandes méritos conceptuales del SINACID: haber asumido que la cooperación requiere gobernanza, dirección política y orden técnico.

Sin embargo, cuando se pasa del diseño institucional a la experiencia práctica del territorio, aparece una realidad mucho menos ordenada. Y es ahí donde el análisis debe hacerse con honestidad. Muchos gobiernos locales reciben apoyo internacional, han tenido algún tipo de vínculo con cooperantes o podrían desarrollar proyectos con respaldo externo, pero desconocen el procedimiento que debe seguirse, la importancia de registrar formalmente esas iniciativas y el valor estratégico de vincularlas al sistema nacional. Ese desconocimiento no es un detalle menor. Es una debilidad estructural que limita la capacidad de los municipios y distritos municipales para convertir necesidades legítimas en iniciativas viables de cooperación. Esta es, quizás, una de las tensiones más visibles entre el diseño del SINACID y la realidad administrativa de buena parte del territorio.

Desde la experiencia municipal, este punto merece decirse con claridad: muchos gobiernos locales sí tienen necesidades concretas, sí pueden identificar proyectos prioritarios y sí reconocen el valor de la cooperación internacional, pero no siempre conocen la ruta institucional para tramitarla de forma correcta. En otros casos, aunque conocen parte del proceso, se encuentran con una cadena de requisitos, validaciones, articulaciones interinstitucionales y formalidades que terminan haciendo el procedimiento demasiado pesado para sus capacidades reales. Cuando eso ocurre, la cooperación deja de verse como una oportunidad accesible y comienza a percibirse como una gestión compleja, lejana y desgastante.

Ese fenómeno tiene una lectura política e institucional de gran importancia. Un sistema puede estar bien concebido, puede tener normas, manuales, procedimientos y plataformas, pero si no logra ser comprendido y utilizado por quienes están más cerca de las demandas ciudadanas, entonces su eficacia queda parcialmente comprometida. En otras palabras, el problema no siempre está en la existencia del sistema, sino en su nivel de apropiación territorial. Ahí es donde el SINACID todavía tiene una tarea pendiente: dejar de sentirse como una arquitectura central y técnica para convertirse en una herramienta verdaderamente útil para los actores locales.

Esto resulta especialmente relevante porque los gobiernos locales necesitan cooperación en áreas muy concretas: manejo de residuos sólidos, agua potable, gestión de riesgos, ordenamiento territorial, infraestructura comunitaria, digitalización de servicios, fortalecimiento institucional, capacitación técnica, desarrollo económico local y asistencia ante emergencias, entre muchas otras. En todos esos ámbitos, la cooperación internacional puede representar una diferencia real. Pero para que eso ocurra, no basta con que existan organismos dispuestos a apoyar. Hace falta una estructura que ayude a ordenar la demanda, que garantice la alineación con los instrumentos de planificación y que permita registrar, monitorear y evaluar las iniciativas.

Ahí entra en escena uno de los componentes más valiosos del sistema: el SI-SINACID. Esta herramienta informática permite el registro y monitoreo de programas, proyectos y acciones de cooperación internacional ejecutadas en el país con recursos no reembolsables, total o parcialmente financiados por países, agencias oficiales, organismos de cooperación o sector privado internacional, siempre que su objetivo sea aportar al desarrollo más allá de una ayuda circunstancial. Además, recopila información sobre nombre y tipología de la iniciativa, objetivos, resultados esperados, actores responsables, socios cooperantes, beneficiarios, área de impacto territorial, estado de ejecución, información financiera, desembolsos, cumplimiento físico, riesgos e inconvenientes durante la ejecución.

Desde un punto de vista técnico, esto es altamente positivo. Un sistema de cooperación que no registra adecuadamente sus iniciativas, que no identifica responsables, que no relaciona los proyectos con la planificación nacional y que no dispone de datos financieros y físicos de ejecución, termina debilitando la transparencia, la rendición de cuentas y la toma de decisiones. El SI-SINACID, por tanto, constituye un avance importante porque busca estandarizar la gestión de la cooperación y generar reportes útiles para la administración pública. En términos simples, no solo organiza información: también crea condiciones para una mejor gobernanza de la cooperación.

No obstante, aun reconociendo esos avances, también hay que señalar sus debilidades. La primera es la escasa socialización del sistema en el ámbito local. El SINACID existe, tiene sustento, cuenta con instrumentos, ha venido fortaleciéndose y dispone de una herramienta de información, pero sigue siendo poco conocido por muchas autoridades municipales, equipos técnicos territoriales, organizaciones comunitarias e incluso por sectores profesionales que podrían aprovechar mejor su existencia. Un sistema de esta importancia no debería ser una referencia casi exclusiva de espacios ministeriales o de áreas especializadas de cooperación. Debería estar mucho más presente en la conversación pública y en la cultura administrativa del territorio.

La segunda debilidad es el desfase entre la sofisticación técnica del sistema y la capacidad operativa de numerosos gobiernos locales. No todos los ayuntamientos ni juntas distritales cuentan con personal capacitado en cooperación internacional. No todos tienen unidades institucionales funcionales para identificar oportunidades, formular iniciativas, coordinar con cooperantes, dar seguimiento a procesos y registrar adecuadamente la información. Aunque el SINACID ha desarrollado instrumentos estratégicos y operativos, entre ellos el Plan Nacional Plurianual de Cooperación Internacional No Reembolsable, el procedimiento operativo de códigos SINACID, SNIP y No Objeción, formularios de presentación de iniciativas y modelos de estructuras y funciones para las Unidades Institucionales de Cooperación Internacional, el aprovechamiento de esos recursos sigue siendo desigual en el territorio.

La tercera debilidad es la carga burocrática que muchas veces rodea la gestión internacional. Y esto debe decirse sin rodeos. En la práctica, numerosos gobiernos locales no desisten de la cooperación porque no la valoren, sino porque el procedimiento puede resultar demasiado complejo para su realidad administrativa. Cuando una alcaldía opera con limitaciones de personal, con múltiples urgencias operativas, con debilidades de formación técnica y con escaso tiempo para gestionar procesos extensos, muchas veces termina dejando pasar oportunidades que pudieron convertirse en proyectos concretos para la comunidad. En esos casos, la burocracia no actúa como garantía de calidad, sino como una barrera silenciosa contra el desarrollo territorial.

La cuarta debilidad tiene que ver con la dimensión política del sistema. El SINACID es correcto como estructura de gobernanza, pero aún no termina de proyectarse como una vía cercana para que los territorios canalicen sus necesidades. Todavía persiste la sensación de que la cooperación se mueve mejor en el nivel central que en el municipal. Eso genera una percepción de distancia que debe ser corregida. Si la cooperación internacional quiere convertirse en una herramienta de desarrollo más democrática y territorializada, el sistema tiene que acercarse más al nivel local, no solo en discurso, sino en capacidad de acompañamiento efectivo.

A pesar de esas limitaciones, sería un error minimizar la importancia del SINACID para los gobiernos locales. Bien comprendido y bien utilizado, este sistema puede beneficiar enormemente a las municipalidades. Puede ayudarles a organizar mejor sus relaciones con cooperantes, a fundamentar técnicamente sus demandas, a alinear iniciativas con la planificación nacional e internacional, a registrar correctamente los proyectos, a dar seguimiento a la ejecución y a fortalecer la transparencia sobre los recursos que llegan al territorio. También puede mejorar la capacidad institucional de los municipios para pasar de la solicitud improvisada a la gestión estratégica de oportunidades de desarrollo.

Desde nuestra experiencia, uno de los retos más urgentes no está solamente en seguir fortaleciendo el sistema desde arriba, sino en hacerlo más comprensible y utilizable desde abajo. Los gobiernos locales necesitan conocer con claridad qué es el SINACID, cuándo aplica, cómo se tramita una iniciativa, qué pasos deben darse, qué documentación se requiere, qué relación existe con la No Objeción, cómo se vincula con la planificación y qué beneficios concretos puede representar para la gestión municipal. Cuando esa información no llega de manera clara al territorio, lo que debería ser una oportunidad termina convirtiéndose en una gestión postergada o, peor aún, en una oportunidad perdida.

También hace falta asumir que la cooperación internacional no puede depender únicamente de la voluntad del cooperante ni del entusiasmo ocasional de una autoridad local. Requiere institucionalidad, seguimiento, lenguaje técnico, capacidad de formulación y comprensión del procedimiento. En ese punto, el SINACID ofrece una base relevante, pero su éxito dependerá de cuánto logre traducirse en capacidad real para los actores locales. Un sistema puede tener buenos instrumentos y, aun así, quedarse corto si quienes más lo necesitan no logran usarlo con soltura.

A la luz de lo expuesto, la discusión sobre el SINACID no debe limitarse a reconocer sus avances normativos, su rectoría tripartita o su plataforma de información. También debe abrir espacio para una revisión más práctica de su funcionamiento territorial. El verdadero desafío no está solo en perfeccionar el diseño institucional, sino en garantizar que los gobiernos locales lo comprendan, lo asuman y lo conviertan en parte de su cultura de gestión. Si el sistema quiere consolidarse como un instrumento nacional de desarrollo, tendrá que cerrar la brecha entre la arquitectura institucional que lo sustenta y la realidad cotidiana de los municipios y distritos municipales, donde muchas veces las oportunidades de cooperación se enfrían no por falta de necesidad, sino por exceso de complejidad y ausencia de acompañamiento suficiente.

A modo de cierre, el SINACID es una estructura valiosa, necesaria y técnicamente bien encaminada, pero su éxito verdadero no dependerá únicamente de su marco legal, de sus manuales o de su plataforma informática. Dependerá, sobre todo, de su capacidad para ser comprendido, aprovechado y sentido como una herramienta útil por las instituciones que gestionan las demandas más inmediatas de la población. Y en ese punto, los gobiernos locales siguen necesitando más orientación, más pedagogía institucional, menos barreras operativas y mayor acompañamiento técnico para que la cooperación internacional no se pierda en la burocracia, sino que se transforme en resultados concretos para los territorios. Si ese puente entre sistema y territorio no se fortalece, el país seguirá teniendo una buena estructura en el papel, pero una capacidad limitada para convertirla en desarrollo visible donde más hace falta.

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