La primera precisión necesaria es territorial. Aunque popularmente se le conoce como el “vertedero de Jarabacoa”, diversas fuentes ubican el sitio en la comunidad Rabo de Chivo, distrito municipal Buena Vista. En marzo de 2023, Acento reportó que el Concejo de Regidores de Jarabacoa declaró el municipio en estado de emergencia por la humareda generada por un incendio en el vertedero ubicado en Rabo de Chivo, Buena Vista. Esa precisión cambia el debate: no se trata solo de un problema operativo del Ayuntamiento de Jarabacoa, sino de una carga ambiental que impacta directamente a una demarcación distrital que debe tener participación formal en cualquier decisión.

El propio Plan Municipal de Desarrollo de Jarabacoa 2023-2033 reconoce la existencia de un vertedero de uso común para Jarabacoa y Buena Vista, localizado en Las Cenizas, con una extensión aproximada de 44,334 metros cuadrados. Ese documento también registra que al sitio llegarían diariamente alrededor de 109.18 toneladas de residuos procedentes de Jarabacoa y unas 15 toneladas de Buena Vista. Estos datos obligan a elevar el nivel de la discusión: no estamos frente a un pequeño depósito improvisado, sino frente a un flujo constante de residuos que requiere planificación seria, operación técnica, presupuesto permanente, supervisión ambiental y control ciudadano.

El problema no es nuevo. En noviembre de 2019, Diario Libre reportó que comunitarios de Buena Vista pedían el cierre del vertedero a cielo abierto, denunciando que el lugar llevaba meses encendido y que el humo estaba provocando enfermedades respiratorias en residentes de comunidades cercanas. Cuando una comunidad lleva años respirando humo, el tema deja de ser una queja aislada y se convierte en un asunto de salud pública, dignidad territorial y responsabilidad institucional.

En marzo de 2023, el Ministerio de Medio Ambiente y DO Sostenible intervinieron el vertedero tras un incendio que afectaba el cielo de Jarabacoa. La publicación oficial indica que técnicos del fideicomiso, junto al Ayuntamiento, bomberos forestales, bomberos municipales y técnicos ambientales, realizaron un descenso para conocer la situación y determinar acciones puntuales. También se informó la necesidad de utilizar unos 10,000 metros cúbicos de caliche para crear una capa aproximada de 45 centímetros que impidiera el paso de oxígeno y ayudara a controlar la combustión.

Esa intervención pudo haber sido necesaria ante la emergencia. Pero hay que decirlo sin rodeos: controlar un incendio no equivale a resolver el problema estructural. Echar caliche, compactar residuos, mover equipos pesados o habilitar una celda de emergencia puede ser una respuesta temporal, pero no sustituye un cierre técnico, un sistema de manejo de lixiviados, un control de gases, una estación de transferencia, un relleno sanitario regional o un plan integral de gestión de residuos.

Por eso, la pregunta pública no debe ser solamente: ¿por qué se incendia el vertedero? La pregunta correcta es más incómoda: ¿por qué, después de años de denuncias, emergencias e intervenciones, todavía no existe una ruta pública, presupuestada, calendarizada y verificable para cerrar, sanear o transformar definitivamente ese sitio?

Sería injusto reducir este problema a una sola gestión municipal. El vertedero representa una deuda acumulada durante años, con responsabilidades compartidas entre gobiernos locales, autoridades ambientales, instituciones nacionales y actores sociales. Precisamente por eso, la solución debe superar el ciclo de culpas políticas y pasar al terreno de la planificación, el presupuesto, la contratación transparente y la ejecución comprobable.

Jarabacoa no es cualquier territorio. Es una marca ecológica, turística, agrícola y de montaña. Es un municipio que se promueve por su clima, sus ríos, sus paisajes, sus villas, sus hoteles, sus restaurantes y su vocación de turismo de naturaleza. Pero esa imagen se debilita cada vez que la humareda del vertedero cubre el cielo o afecta la tranquilidad de las comunidades. En 2026, nuevos reportes públicos volvieron a señalar incendios y preocupación por el impacto del vertedero en la salud, el ambiente y la imagen del municipio.

Aquí está la contradicción de fondo: no se puede vender sostenibilidad hacia afuera mientras una comunidad cercana carga con los costos ambientales hacia adentro. Buena Vista no puede seguir siendo vista como el patio trasero del problema. Si el vertedero está en su territorio, Buena Vista debe estar en el centro de la solución.

Desde el punto de vista legal, el caso debe abordarse bajo la Ley núm. 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, que establece el marco para una gestión integral orientada a reducir, reutilizar, reciclar, aprovechar, valorizar y disponer adecuadamente los residuos. Esa ley no fue creada para normalizar vertederos a cielo abierto sin control, sino para empujar al país hacia un modelo más responsable de manejo de residuos.

También debe considerarse la Ley núm. 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios, que organiza las competencias, funciones y responsabilidades de los gobiernos locales. En materia ambiental municipal, la ley reconoce atribuciones vinculadas a normativas ambientales, educación ciudadana y manejo de residuos sólidos domésticos, comerciales, hospitalarios e industriales producidos en el municipio. Esto significa que el tema no puede seguir tratándose como una emergencia ocasional; forma parte de las obligaciones ordinarias de la gestión municipal.

A esa base se suma la Ley núm. 368-22 de Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos, que crea el Sistema Nacional de Información Territorial y obliga a mirar los conflictos desde la planificación del territorio, el uso del suelo y la sostenibilidad. La ubicación de un vertedero, su relación con comunidades, su impacto en el turismo, el riesgo ambiental y su compatibilidad territorial no son asuntos menores. Son parte del ordenamiento que el país dice querer construir.

El tema también exige transparencia. En septiembre de 2024, Diario Libre reportó que la Dirección General de Contrataciones Públicas anuló la licitación del Ayuntamiento de Jarabacoa para el manejo del vertedero municipal, registrada como AMJ-CCC-CP-2024-0001, por falta de transparencia. CDN también reportó que el proceso correspondía al “manejo y adecuación para el vertedero municipal” y que fue anulado por falta de transparencia. Ese hecho no prueba por sí solo corrupción ni debe usarse para acusaciones personales, pero sí obliga a una pregunta legítima: ¿cómo se garantizará que cualquier nueva intervención, contrato, alquiler de equipos, compra de materiales o solución final sea pública, competitiva, auditable y técnicamente justificada?

En este punto conviene ser responsables. No se debe afirmar la existencia de conflictos de interés sin pruebas documentales. Pero sí existen zonas sensibles que deben ser transparentadas: contratos de manejo del vertedero, alquiler de equipos pesados, compra de caliche, transporte de residuos, disposición final, reciclaje informal, control de materiales valorizables, terrenos colindantes y participación de empresas privadas. La transparencia no es una opción decorativa; es una condición mínima para que la solución tenga legitimidad.

Cerrar el vertedero sin una alternativa operativa sería tan irresponsable como mantenerlo abierto sin control. La solución debe ser técnica, gradual y acompañada de un sistema sustituto para evitar que el problema simplemente se traslade a otro lugar. Por eso, la salida no puede ser improvisada ni tomada por presión mediática. Debe surgir de un estudio técnico-ambiental actualizado que determine si el sitio actual puede operar temporalmente bajo control, si debe cerrarse de manera progresiva, si procede su clausura definitiva o si debe ser sustituido por una estación de transferencia o una solución regional de disposición final.

La mancomunidad debe estar en el centro del debate. Jarabacoa, Buena Vista y Manabao necesitan una solución común, no respuestas aisladas. Una mancomunidad o acuerdo interinstitucional permitiría definir responsabilidades presupuestarias, volumen de residuos por demarcación, modelo de disposición final, sistema de separación, transporte, estación de transferencia, cierre técnico y monitoreo ambiental.

En este caso debe aplicarse un principio elemental de justicia territorial: quien genera la mayor carga de residuos debe asumir una responsabilidad presupuestaria proporcional, y quien recibe el impacto ambiental debe tener participación formal en la toma de decisiones. Buena Vista no puede aparecer solo cuando hay humo, protestas o emergencia. Debe estar sentada desde el principio en la mesa donde se define el futuro del vertedero.

La solución debe iniciar con una decisión política formal. En un plazo no mayor de 30 días, el Ayuntamiento de Jarabacoa y la Junta Distrital de Buena Vista deberían aprobar resoluciones coordinadas declarando el vertedero como prioridad ambiental, sanitaria y territorial. Esa declaración debe ordenar la creación de una comisión técnica, la publicación de la información operativa y contractual existente, la solicitud formal de acompañamiento al Ministerio de Medio Ambiente, ECO5RD, Liga Municipal Dominicana, Salud Pública y MEPyD, y la definición de un cronograma de solución.

En un plazo máximo de 90 días, debe realizarse una auditoría técnica y ambiental independiente. Esa auditoría debe determinar el área impactada, el volumen acumulado de residuos, los focos de combustión, el comportamiento de los lixiviados, el riesgo de contaminación de suelo y agua, la calidad del aire, el estado de los accesos, la existencia de recicladores informales, el costo estimado del cierre técnico y las alternativas reales de disposición final.

En un plazo máximo de 120 días, debe presentarse el Plan de Cierre, Saneamiento o Transformación del Vertedero. Ese plan debe definir, con base en estudios, si procede un cierre técnico progresivo, una celda controlada temporal, una estación de transferencia, un relleno sanitario regional, una alianza público-privada o una combinación de soluciones. Pero debe decirlo con claridad: con responsables, presupuesto, cronograma, fuente de financiamiento y mecanismo de seguimiento.

En un plazo no mayor de 180 días, debe quedar definida la estructura presupuestaria. Sin dinero no hay solución. Por eso deben identificarse los aportes del Ayuntamiento de Jarabacoa, la Junta Distrital de Buena Vista, el Gobierno central, ECO5RD, la Liga Municipal Dominicana, cooperación internacional y, si procede, el sector privado. Pero cualquier contratación debe hacerse con absoluta transparencia, publicación completa de documentos y fiscalización social.

La ejecución física debe tener un horizonte de 6 a 12 meses, dependiendo de los resultados de la auditoría. Esa fase debe incluir control definitivo de incendios, cobertura técnica, estabilización del terreno, drenaje pluvial, manejo de lixiviados, control de gases, verja perimetral, vigilancia, control de entrada de camiones, separación de residuos valorizables y monitoreo ambiental permanente.

Además, debe crearse un tablero público de seguimiento. Cada mes, la ciudadanía debe poder saber qué se ha hecho, cuánto se ha gastado, qué empresa o institución ejecuta, qué contrato existe, qué fotografías evidencian avance, qué reclamos comunitarios han sido atendidos y cuál es la fecha estimada de cierre, saneamiento o transformación. Si no se mide públicamente, el tema volverá a quedar atrapado entre reuniones, promesas y emergencias.

También resulta necesario recuperar los estudios académicos existentes. Hay referencias a investigaciones universitarias sobre generación y recolección de residuos sólidos en Jarabacoa, así como al diseño de un sistema de relleno sanitario para el municipio. Esa producción académica debe ser revisada, actualizada y puesta al servicio de la solución. El territorio no tiene que empezar desde cero; debe aprovechar el conocimiento que ya se ha producido y complementarlo con estudios técnicos recientes.

El primer paso concreto debería ser una resolución conjunta entre el Concejo de Regidores de Jarabacoa y la Junta Distrital de Buena Vista, solicitando al Ministerio de Medio Ambiente, ECO5RD, la Liga Municipal Dominicana y el Ministerio de Salud Pública la elaboración y acompañamiento de un Plan Integral de Cierre, Saneamiento o Transformación del Vertedero, con cronograma, presupuesto y mecanismo de seguimiento público.

Este artículo no pretende sustituir a los técnicos ni dictar desde afuera la solución final. Lo que plantea es algo más básico y más urgente: que el problema deje de tratarse como una emergencia repetida y se convierta en una prioridad pública con plazos, recursos, responsables y consecuencias institucionales.

Jarabacoa no podrá sostener seriamente su vocación ecoturística mientras una parte de su territorio respire humo. Buena Vista no puede seguir cargando sola con el costo ambiental de un sistema que sirve a más de una demarcación. Las autoridades no pueden seguir apagando incendios sin apagar la causa que los produce.

La solución es posible, pero requiere voluntad política real. Requiere mancomunidad. Requiere transparencia. Requiere presupuesto. Requiere planificación. Y, sobre todo, requiere fijar plazos concretos para que el tema no vuelva a quedarse en promesas.

El vertedero de Jarabacoa en Buena Vista no es simplemente un problema de basura. Es una prueba de responsabilidad pública. Si se resuelve con técnica, ley, presupuesto y transparencia, Jarabacoa habrá dado un paso serio hacia el desarrollo sostenible. Si no se resuelve, cada nueva humareda será también una señal de fracaso institucional.

El Debido Proceso RD © 2025 Darlin Tiburcio. Todos los derechos reservados.

Se autoriza la reproducción parcial del texto con fines educativos, institucionales o de divulgación, siempre que se cite correctamente la fuente y el autor.