Por primera vez, la niñez dejó de ser un asunto relegado a la caridad y se convirtió en política pública, gracias a que “la eterna primera dama”, como se le recuerda a Klang de Guzmán, entendió que el futuro del país dependía de garantizar derechos básicos a los niños y adolescentes.

Con la visión clara de crear un sistema que protegiera la infancia como patrimonio nacional y no como concesión ocasional, la administración gubernamental sembró esperanzas y creó grandes expectativas entre la gente. 

El CONANI surgió con programas pioneros como los “Centros Infantiles de Atención Integral” (CIANI), destinados a niños de tres a seis años, y el programa “Ayúdame a ser Niño” (PASN), que atendía a menores en situación de calle.

Estas iniciativas, con lógicas motivaciones éticas, políticas y sociales, ofrecían salud, educación y acompañamiento social, abriendo un horizonte de dignidad en un país marcado por desigualdades y que, entonces, se propuso rescatar a la niñez de la marginalidad y convertirla en sujeto de derechos 

Durante las décadas siguientes, el CONANI se consolidó como ente rector de las políticas para la infancia, la niñez y la adolescencia. 

El gran salto llegó en 2003 con la promulgación de la Ley 136-03, que estableció el Código para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, un marco legal que alineó al país con la Convención sobre los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)y que redefinió la misión del CONANI.

Esa legislación confirió a la institución la responsabilidad de coordinar, supervisar y garantizar la protección integral de la niñez y adolescencia.

Es verdad que en ese marco se han desarrollado programas de salud infantil, campañas de vacunación, estrategias de prevención de violencia y proyectos de participación juvenil y que también la niñez pasó a ser parte del discurso oficial y de la agenda internacional, con apoyo de organismos como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).

Pero, el CONANI que nació como símbolo de esperanza, hoy enfrenta grandes debilidades operativas, entre las cuales se citan limitaciones presupuestarias, burocracia excesiva y dificultades para articularse con otras instituciones del Estado. 

Los programas que cuentan con el aval de instancias nacionales e internacionales parecen bien diseñados, aunque revelan que carecen de sostenibilidad y que muchas veces dependen solo de la voluntad política del momento. 

La institucionalidad que Renée Klang soñó como sólida y permanente se ha visto erosionada por la falta de planificación estratégica y por la aparente ausencia de un compromiso real de largo plazo.

Hoy, más que nunca, se requiere una revisión profunda de la estructura de CONANI y un fortalecimiento operativo que garantice continuidad y eficiencia, con adecuadas y estables políticas públicas, recursos suficientes y una institucionalidad blindada contra la improvisación.

Renée Klang de Guzmán sembró una semilla de esperanza en 1978, que germinó a través de leyes, programas y discursos, pero que ahora corre el riesgo de marchitarse si no se atienden las debilidades actuales. 

El CONANI debe recuperar su rol rector y protagónico como garante real de derechos y de la protección de niños, niñas y adolescentes que, en los últimos días, incluso, han sido víctimas de las mismas debilidades que acusa esa institución.

La niñez dominicana merece un sistema que funcione, que proteja y que proyecte su propio futuro.  No, uno en el que se produzcan muertes violentas, como la de Nanita Pimentel Paul, de 14 años de edad, ocurrida el pasado 24 de mayo; o la fuga masiva de otros chicos y chicas que huyen de alegados malos tratos y del hacinamiento que sufren bajo la supuesta "custodia" del Estado.