Codopyme exige aplazar aplicación de Ley de residuos sólidos por impacto en las MiPymes

La entidad indicó que imponer nuevas cargas económicas a las micro, pequeñas y medianas empresas resultaría contradictorio, en un contexto de incertidumbre internacional marcado por conflictos geopolíticos en Medio Oriente, la crisis haitiana y los esfuerzos oficiales por contener la inflación. Señaló que las MiPymes representan más del 98 % del tejido empresarial del país, por lo que cualquier aumento en sus costos impactaría directamente en la economía nacional.

El presidente de Codopyme, Fernando Pinales, advirtió que la aplicación de la ley en su forma actual generaría costos acumulativos que terminarían trasladándose al consumidor final, lo que presionaría al alza los precios y afectaría el poder adquisitivo de los hogares dominicanos.

La organización aseguró que las MiPymes están dispuestas a asumir su responsabilidad ambiental y contribuir a soluciones sostenibles, pero advirtió que no pueden operar bajo esquemas que, según afirma, favorecen la concentración del mercado y excluyen a pequeños productores. También expresó preocupación por la gobernanza del fideicomiso vinculado a la gestión de residuos, señalando posibles conflictos de interés en su estructura.

Así mismo, Codopyme indicó que durante el presente año se han planteado al menos dos incrementos en las tarifas relacionadas con la gestión de residuos, lo que, a su juicio, consolida un modelo que beneficia a un grupo reducido de empresas del sector. Entre las propuestas planteadas por la organización figuran el aplazamiento inmediato de la aplicación de la ley hasta que se realicen las correcciones necesarias, una revisión técnica del marco regulatorio con participación de las MiPymes y una reforma en la gobernanza del fideicomiso que garantice independencia y transparencia.

Finalmente, la entidad abogó por el diseño de un esquema proporcional y escalonado que tome en cuenta el tamaño y capacidad económica de las empresas, así como la creación de incentivos reales para fomentar la sostenibilidad sin afectar la competitividad ni el empleo.