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Los ayuntamientos, los municipios y las juntas de distritos municipales frente a la Gestión Integral de Riesgos en la Estrategia Nacional de Desarrollo

Con la puesta en vigencia del Reglamento de Aplicación de la Ley Orgánica numero 1-12 que establece la Estrategia Nacional de Desarrolla de la República Dominicana al año 2030, donde se definen todos los pasos de generación de políticas, evaluación y actualización de planes y proyectos de todo el sector público, emitida mediante el Decreto 134-14 del 9 de abril  del presente año, en el artículos 2 del Decreto aclara que los organismos descentralizados y autónomos, las instituciones de la Seguridad Social, las empresas públicas no financieras, los ayuntamientos, las juntas de distritos Municipales, y el sector publico financiero, "están, sujeto a las regulaciones del presente reglamento". El Reglamento, enfatiza que corresponde al Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo la responsabilidad de la Sostenibilidad Ambiental y de cohesión social en lo referente a la Gestión Integral de Riesgos.

"La planificación tiene la posibilidad de transformar la intención en acción, permite vislumbrar los impactos y consecuencias de los acontecimientos e influir en ellos. Un proceso de planificación no se puede considerar adecuado si no permite lograr una visión global e intersectorial, identificar tendencias y oportunidades, anticipar las dificultades que pudieran impedir el logro de los objetivos y metas del desarrollo, establecer objetivos precisos y orientar los recursos disponibles de manera segura, promover la acción interinstitucional y adecuar la estructura organizativa para que sea congruente y permita los propósitos del desarrollo" (Departamento Nacional de Planeación de Colombia, 2003. Planificación: Base de la gestión municipal – Lineamientos generales para la formulación del Plan de Desarrollo Municipal 2004-2007. CAF-UNDP-DDT)

En este sentido, la planificación del desarrollo se convierte en el principal instrumento de la gestión integral del riesgo a desastre en todos los niveles territoriales, pero tiene especial relevancia en los niveles locales (municipios, distritos municipales y las juntas municipales), donde se materializa y puede intervenir realmente el riesgo, por lo tanto es fundamental que se planifiquen y ejecuten inversiones de reducción del riesgo pertinentes, articuladas y priorizadas según su contexto particular de amenazas y riesgos. Estas inversiones se definen, por supuesto, en la dinámica de concertación técnica, social y política durante la formulación de los planes de desarrollo municipal, planes de desarrollo concertado, planes de presupuesto. con la implementación de la reducción del riesgo a desastres, en la planificación del territorio y sobre la articulación entre el ordenamiento territorial y los planes de desarrollo como instrumentos complementarios, a través de incorporar la gestión integral del riesgo a desastres en la planificación y gestión territorial dentro de la lógica relación entre los diferentes productos del proceso de planificación, es decir, las políticas, los planes, los programas y los proyectos, estos últimos constituyen la base sobre la cual se operativizan las decisiones de la ejecución de la inversión pública, constituyendo la etapa final de dicho proceso, en este sentido se deben generar criterios para la evaluación del riesgo de desastres desde la etapa de prefactibilidad de los proyectos de inversión pública.

Al planearnos el tema de la reducción del riesgo a desastres desde las instancias de planificación y sus instrumentos de gestión, no debemos dejar fuera los temas de ordenamiento territorial, planes de desarrollo, la inversión pública y el tema del sector agropecuario; en el tema de planes de desarrollo local, debemos generar de manera consensuada lineamientos conceptuales, metodológicos y aplicaciones con carácter regional y estrategias diferenciadas para la incorporación de la gestión integral de riesgo en los instrumentos de inversión en el nivel local, haciendo énfasis en propuestas prácticas para facilitar la fase de diagnóstico de las amenazas y los riesgos del municipio y la identificación, definición e incorporación de programas y proyectos articulados de gestión integral de riesgo en los planes de desarrollo municipal.

Los desastres son un problema en aumento y su impacto es cada vez mayor debido a desaciertos en los modelos de desarrollo y formas de ocupación del territorio  imperantes en la región. El crecimiento poblacional, la urbanización acelerada, la localización de asentamientos humanos en zonas de riesgo, la construcción de vivienda e infraestructura sin la utilización de técnicas adecuadas y la presión sobre los recursos naturales, han hecho aumentar en forma continua la vulnerabilidad de la población frente a una amplia diversidad de peligros naturales o los inducidos por le hombres como la inseguridad ciudadana. Aunque se han logrado avances importantes desde el punto de vista técnico, no se ha logrado que la problemática de los desastres sea entendida como un déficit aún no resuelto en la agenda del desarrollo, en el sentido de que los desastres no son eventos de la naturaleza per se, sino más bien situaciones que resultan de desequilibrios en la relación entre la dinámica de lo natural y la dinámica humana. Evidencias palpables de estos desequilibrios se pueden observar día a día a nivel global.

Las políticas públicas de desarrollo urbano y regional, además de las políticas económicas y sectoriales en general, deben tener en cuenta la problemática de los desastres. No hay que olvidar que toda la infraestructura y pérdidas que se generan cuando hay un gran desastre fueron alguna vez un proyecto de desarrollo. Es por esto que se debe integrar el análisis y la reducción del riesgo a la planificación del desarrollo y del territorio, de esta forma los nuevos programas y proyectos de desarrollo necesitarán revisar su potencial para reducir o agravar las condiciones de vulnerabilidad y de amenaza o peligro. En este sentido, el ejercicio de la planificación tendrá que  incorporar de manera implícita la noción de aprovechar las potencialidades del entorno para la producción social y de asumir responsablemente las restricciones presentes y potenciales que ponen en peligro dicha producción.

Conscientes de esta situación, los Líderes de los Gobiernos Locales, los Tomadores de Decisiones de la Comisión Nacional de Emergencia y los Estrategas del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, tendrán que imprentar criterio de Seguridad Ciudadana en los procesos de desarrollo, es importante identificar la forma cómo se lleva a cabo la planificación del territorio, del desarrollo y su implementación a través de la inversión pública y privada para buscar la manera más fácil de combinar el manejo e intervención de los riesgos con este proceso, sin generar esfuerzos o procesos adicionales, sino incorporando el análisis de los riesgos y su intervención en las iniciativas que ya se vienen desarrollando.

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