Urbanismo y transparencia

El pasado mes de abril el Ayuntamiento del Distrito Nacional recurperó un tramo de acera que obligaba a los peatones a lanzarse a la avenida Jhon F. Kennedy. Foto: ADN El pasado mes de abril el Ayuntamiento del Distrito Nacional recurperó un tramo de acera que obligaba a los peatones a lanzarse a la avenida Jhon F. Kennedy. Foto: ADN

La corrupción urbanística aumenta el precio de la vivienda. El soborno por uso de suelo suele ser alto y este costo se traduce a los adquirientes. Este soborno podría producir presión fiscal al financiamiento que toman los ciudadanos y ciudadanas que compran las viviendas localizadas en suelos producto del soborno.

O puede ser contrario, que el negocio de impuesto se haga informalmente en zonas de bajo nivel de desarrollo urbanístico. Aunque aquí, no necesariamente hay una transferencia hacia los compradores, pero podría traducirse en un incremento de la plusvalía por uso de suelo en los sectores que promueven el “desarrollo urbanístico.

Zonas vírgenes y sin normativa urbanística ni ambiental se convierten en oportunidad para la asignación de permisos de construcción. Y zonas con polígonos o planes reguladores también se cambian los usos de suelos para beneficiar a particulares, allegados y relacionados políticamente. La construcción de un restaurante en el Parque Mirador Sur se constituye en un ejemplo público de la falta de aplicación de normas urbanísticas y ambientales.

La demanda ciudadana y la reacción de las administraciones locales para darle respuesta es una aliciente para saltarse los procedimientos administrativos y los criterios técnicos urbanísticos por parte de los gobiernos locales.

Los impuestos indirectos o tasas establecidas se convierten en medio para recaudar más recursos e invertirlos en soluciones comunitarias. Este poder discrecional para decidir qué suelo es urbanizable y cuál no, exhorta a la calificación de manejo poco ético y transparente de la gestión de la ciudad.

El impacto que esto produce al ayuntamiento es su profundo debilitamiento institucional en el ejercicio de la autoridad sobre el territorio. Cuando se producen relaciones de intercambios ilegítimos, quienes terminan mandando son las inmobiliarias, las cuales permanecen más allá que el mandato de varios alcaldes y regidores.

El gobierno local pierde legitimidad y la ciudad se organiza bajo una lógica mercantilista más que como unidad política, administrativa y socio-cultural.

Los fundadores tienden a ser desalojados pacífica y gradualmente. Residenciales levantados por esfuerzos propios pasan a convertirse en centros comerciales o urbanizaciones de amplia densidad. El valor del suelo lo aportan las personas originarias-fundadoras, con el cambio de uso de suelo, por presión de las inmobiliarias, no hay retorno de la inversión que hicieron los propietarios.

El Gobierno local y las empresas inmobiliarias usufrutuan la capitalización del suelo. Los fundadores son desalojados forzosamente hacia territorios donde el suelo tiende a tener meno valor, lo cual no es ético ni transparente.

Hay prácticas de corrupción soportadas en una triangulación de la corrupción que fomentan la contraurbanización. Un triángulo cuyos vértices están definidos por estructuras dentro de algunos ayuntamientos (Planeamiento Urbano-Jurídico) y en Obras Públicas (Edificaciones), por empresas constructoras y Tribunal Municipal. Un triángulo que limita la gestión de las ciudades y municipios.

Que excluye la participación de los ciudadanos y ciudadanas. Un triángulo que debería operar fuera de los esquemas de soborno del campo privado, y así recuperar la confianza de las personas afectadas por sentencias malignas.

Hay que construir respuestas desde la ciudadanía. Que los ciudadanos dispongan de poder de intervención para la inspección de las obras que se ejecutan en sus comunidades y de notificación de daños a la higiene de los espacios públicos. Esta intervención ciudadana o comunitaria sería complementaria a la atribución que tiene la Oficina o Dirección de Planeamiento Urbano u otras estructuras de la Administración local.

Es la inspección ciudadana, para facilitar poder a los ciudadanos de inspeccionar la dinámica constructiva y control de la salubridad, como medida para “Eficientizar” la aplicación de políticas públicas y de garantías de derechos legales.

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