Política errática de migración amenaza relaciones binacionales RD-Haití

Por Red Fronteriza Jano Siksè

Con el último cierre de la puerta fronteriza sucedido este jueves en Dajabón quedaron varados del otro lado de la línea divisoria más de una veintena de vehículos, entre ellos el que ocupaba la vicecónsul de Wanament, Marlene Mora de Núñez y un buen número de dominicanos que se encontraban en ese momento en el vecino país. Este incidente fue como consecuencia de una decisión espontanea, no notificada con antelación y errática del supervisor fronterizo y actual encargado interino de la oficina de Migración en Dajabón, D. Ovidio Dotel, que con su actitud improvisada pudo poner en grave riesgo los casi 100 millones de pesos que cada día transitan por esta frontera (datos económicos facilitados por la asociación de comerciantes).

Al mismo tiempo, las expulsiones masivas de extranjeros en las cuales se vulneran los derechos humanos y la dignidad de las personas tampoco ayuda mucho a normalizar las relaciones entre ambos países. Ayer mismo 64 hombres y 36 mujeres fueron deportadas por la puerta fronteriza de Comendador sin que las autoridades migratorias les entregaran una orden de expulsión individualizada a cada repatriado, sin la notificación a las autoridades del Estado de origen, haciendo con todo esto que las personas repatriadas queden a su suerte detrás de la puerta fronteriza, y en la mayoría de los casos, a cientos de kilómetros de su lugar de nacimiento sin que las autoridades diplomáticas o consulares haitianas puedan ejercer su derecho de asistencia consular o atención médica.

Son muchas las repatriaciones que se están realizando en estos últimos meses por los puntos fronterizos de Elías Piña y Dajabón, y todas ellas tienen un componente en común: "la vulneración sistemática de los derechos humanos y la dignidad de las personas" incumpliendo los derechos y garantías contemplados en nuestra Constitución, las leyes migratorias dominicanas y los tratados y acuerdos internacionales firmados legítimamente por nuestro país.

Con esta política errática llevada a cabo por la Dirección General de Migración se está faltando a una de las funciones esenciales de un estado social y democrático de derecho como es  la protección efectiva de los derechos de las personas y el respecto de su dignidad (art.8 de la Constitución Dominicana de 2010).  Esta forma de proceder llevada durante toda la etapa del actual Director General de Migración choca frontalmente con el Derecho internacional que prohíbe las expulsiones colectivas de migrantes (art. 22.9 de la Convención Americana de DD.HH).

De nada sirven las medidas anunciadas en la reunión de ayer por el Director de Migración, José Ricardo Taveras, mientras no haya la voluntad de crear una nueva política migratoria más justa, clara y trasparente que respete los derechos de los migrantes y sus familias, al mismo tiempo que cumple con los tratados internacionales firmados legítimamente por República Dominicana.