Gasto Público

El gasto corriente promedio anual es de 230,332 millones de pesos, con una nómina anual del gobierno de más de 80,000 millones de pesos y contando, lo que con una deuda pública consolidada que supera los US$23 mil millones de dólares, nos indica claramente que no es económicamente equilibrado mantener los niveles de crecimiento actual del gasto público.

Lo contradictorio de esas cifras es que en la medida que se aumentan estos gastos, que son a todas luces superfluos, la inversión en educación ronda apenas el 2 % con relación al PIB, y … ni hablar de las precariedades que prevalecen en el ámbito de la salud.

Es insoslayable un replanteamiento de la política del gasto del gobierno, tanto en lo concerniente a su cantidad, como a la calidad del mismo. Lo que trae consigo un proceso real y efectivo de control de las finanzas públicas. Ahora, es inminente su puesta en práctica, ya que estamos en vísperas de una nueva reforma fiscal que debe comenzar por un plan real de austeridad.

Uno de cada cuatro pesos del gasto público dominicano se destina al pago de salarios. Esto ha llegado a alcanzar más del 4% del Producto Interno Bruto local, lo que se ha traducido en el hecho, de que en los últimos 10 años, el personal del sector público aumentó en un 50%, según el Consultor Chileno Enrique Paris.

Antes esta realidad, cabe preguntar, ¿Cómo es posible que un servidor del pueblo a través de la delegación de un mandato, pueda auto asignarse sus propias remuneraciones económicas, o que entre puestos de igual jerarquía en el Estado puedan presentarse diferencias tan notables que desvirtúen el carácter de igualdad salarial de los servidores públicos?

Puedo afirmar que, es necesario aplicar una política de gasto público adaptada al escenario económico de la República Dominicana, que al tiempo de que sea garante de la estabilidad económica nacional, se constituya en un elemento del desarrollo de la nación.

En un país posible, no es factible que mega poderosos ministros devenguen más de un millón de pesos mensuales en salarios, mientras nuestros maestros, médicos y enfermeras, reciban salarios de miseria, que apenan permiten sobrevivir en una escasez perenne.

Las leyes son importantes para regular esta materia. Eso es cierto. Sin embargo, no menos cierto es que, la voluntad política para aplicar las mismas es la que permite separar los estados cuasi democráticos de aquellos realmente institucionalizados, sobre la base de la racionalidad del gasto público.