Agenda 2030: endeble protección a derechos de la mujer ante violencia

En el Estado que nos compete: la República Dominicana, si bien es cierto que hay acceso a educación, y que la mayor matrícula universitaria es femenina, el 60%, las mujeres tienen menor participación en carreras de ciencias, matemáticas, ingeniería y tecnologías, con solo un 18 %. Tal como aseguró el reciente informe del Centro de Estudios de Género, del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC).

A esto se suman otras dificultades: la incorporación en el mercado laboral es cada vez más difícil, y al lograr acceder, perdura la desigualdad salarial entre hombres y mujeres en puestos similares. De igual forma, grandes obstáculos en el sector salud y seguridad social, en cuanto a cobertura de los planes médicos, medicamentos, humanización e higiene en los servicios.

Aun las mujeres que viven con algún tipo de discapacidad al acudir en busca de atenciones de salud, encuentran impedimentos para el disfrute de este derecho. Se les coarta su libertad de decisión, incluso en temas referentes a sus derechos sexuales y reproductivos. Todavía permanece  la creencia de que las mujeres con capacidades diferenciadas; discapacidad, no tienen derechos a disfrutar de su sexualidad, embarazarse, utilizar métodos anticonceptivos…, en los hospitales hay violencia obstétrica y trato indignos.

La violencia es tan diversa como la sociedad ha permitido que sea, al no denunciarla, y así ejercitar ciudadanía social. Por el contrario, hacer caso omiso ante el dolor ajeno. Mientras, esta se evidencia en acoso dentro y fuera del ámbito laboral, educativo, familiar…; violencia sexual, discriminación laboral, obstétrica; política de género, psicológica, económica, física…

Nuestro Estado no posee una normativa que la tipifique, contribuya a la persecución de la persona infractora y a su judicialización. En ese sentido la Ley modelo  de la Organización de Estados Americanos (OEA), en su artículo 3, afirma que la violencia hacia la mujer es cualquier acción, conducta u omisión, realizada de forma directa o a través de terceros que, basada en su género, cause daño o sufrimiento a una o a varias mujeres, y que tenga por objeto o por resultado, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos políticos. Incluye violencia física, sexual, psicológica, moral, económica o simbólica.

En el caso de la violencia política de género, a propósito de que tendremos el domingo 18 de mayo del año en curso, la celebración de la elección presidencial, Senado y Cámara de Diputados, para el período 2024-2028, es preciso  recordar que esta: “es un flagelo articulado en aspectos estructurales y culturales, en los ámbitos políticos y de reconocimiento, en las esferas públicas y privada, que opera colocando a las mujeres políticas en niveles de subordinación, intimidación o violencia, menoscabando el ejercicio de sus derechos políticos electorales”.  Por eso, con tu voto ¡haz tu aporte!

Es sabido que esta problemática no es exclusiva de nuestra nación o de América Latina y el Caribe. Pero, si, que puede combatirse mediante alianzas, que se expresen más allá de los discursos; con acciones serias, férreas y permanentes.  Se han identificado algunas iniciativas y políticas públicas, como el Plan Nacional de Igualdad y Equidad de Género, pero son exiguas, ante esta enorme dificultad de salud pública.

El país cuenta con planes ponderables porque buscan también reducir la pobreza mediante el empoderamiento económico, acceso a bienes y servicios, liderazgo y participación política de la mujer. Cónsono con la Agenda 2030: Estrategia Nacional de Desarrollo (END), y Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS), que abordan la Igualdad de derechos y oportunidades: “en la que toda la población debe tener garantizada educación, salud, vivienda digna y servicios básicos de calidad, así como, promoción de la reducción progresiva de la pobreza, la desigualdad social y territorial”.

Asimismo, enfoques de género en todos los planes, programas, proyectos y políticas públicas, para identificar situaciones de discriminación entre hombres y mujeres y adoptar acciones para garantizar igualdad y equidad de género. Promover la participación social y uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.  Como observamos, su cumplimiento tiene falencias.

Alcanzar una vida sin violencia para la mujer, es un esfuerzo global. Por eso, los ODS fomentan la reducción de la pobreza, vista desde la vulnerabilidad: enfermedades, desastres y fenómenos naturales; desempleo y exclusión social. De igual forma, buscan avanzar en la igualdad de género como única forma para alcanzar una sociedad sana en todos sus ámbitos, desde la reducción de la pobreza, hasta la promoción de salud, educación, protección y bienestar.

Frenar todo tipo de violencia y fortalecer la representación política de la mujer dominicana, que actualmente posee 52 legisladoras versus 170 legisladores, es el camino. Estos ejemplos hacen que los mandatos de los ODS y la END sigan siendo desafíos. Sin duda, para conseguir esa sociedad que ambos nos convocan, y que esta sea igualitaria, que se disfruten las libertades públicas o derechos humanos, como la igualdad, hay que aplacar la violencia, porque ésta continúa amenazando la vida de las mujeres y de las niñas, ante esto, los objetivos de la Agenda 2030, avanzan con grandes retrasos en su añorado logro. 

Hasta pronto.

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La autora reside en Santo Domingo

Es educadora, periodista, abogada y locutora.