2. El Estado dominicano no ha tenido históricamente una visión de conjunto sobre el tema de la Política Criminal, inclusive, se puede decir que existen atisbos, pero no que existe una Política Criminal sistematizada.

3. En la primera gestión de Domínguez Brito, como Procurador General, se intentó hacer un trabajo de relevancia en este aspecto, quedándose en el tintero. Hoy volvemos a ver un esfuerzo digno de reconocer de parte del actual gobierno; con una observación: la Política Criminal del Estado se está tratando desde uno de sus ejes transversales y se le está dando primacía a incumbentes e instituciones que no están facultadas por la Constitución y las leyes para trazar estrategias en esta materia.

4. Los Decretos Nos. 119-13, 120-13 y 121-13, dados a conocer este fin de semana, siguen la misma corriente tradicional que ve la Política Criminal del Estado desde el horizonte de la "Seguridad Ciudadana". Es una visión muy estrecha de ver el problema de la criminalidad, ya que, por ser un eje transversal está en la infraestructura de la complejidad del problema.

5. "El Consejo de Seguridad Ciudadana, las "Mesa Nacional de Seguridad" y la "Mesa Local", traslucen una estructura que resolverá el problema de la criminalidad por arte de magia. Esto está llamado al fracaso, porque antes de que las infraestructuras funcionen, se deben definir las superestructuras: ¿Cuál será la Política Criminal que el Estado dominicano va a desarrollar?

6. Mientras el Estado Dominicano no defina su Política Criminal, como lo han hecho otros países de Latinoamérica, no tendremos éxito en el trabajo realizado para detener la criminalidad. En nuestra propuesta sobre la creación del "Consejo de Política Criminal", expresamos de manera clara cómo debe estructurarse esa Política.

7. Lo primero es que una Política Criminal no debe ser excluyente, es decir, hay que tomar en cuenta que la criminalidad es una anomia social, que enfrentada desde un flanco institucional subordinado del Estado, no habrá respuesta eficiente; se debe involucra a todos los poderes del Estado cada uno en su rol:

a. Si se necesita un cuerpo normativo hay que trabajar con quien hace las leyes, explicarle por qué es necesaria esa legislación, etc..

b. Si hay una aplicación de justicia que está afectando la Política Criminal del Estado, hay que trabajar con el Poder Judicial, porque no habrá jamás resultado socialmente útil si no se despierta el ´factor sensible´ de todos los que forman parte del círculo de prevención, persecución, sanción, corrección, etc....

c. Tampoco deben desconocerse las causales primerias del infractor y cuáles instituciones están conectadas con éstas, para construir ´un banco de datos dinámico´, el cual estará en constante actualización.